Hace unos meses publiqué en Libertad Digital una serie de artículos (Abucheos, Manifestaciones e Y otras lindezas) en los que sugería la conveniencia de atemperar las pulsiones de nuestros instintos y tratar con respeto (que no excluye la crítica argumentada) a las instituciones de nuestra débil democracia, y muy especialmente aquéllas que como el Gobierno de España, las Cortes Generales y los Tribunales Constitucional y Supremo nos representan a todos y defienden (o eso al menos deberían hacer) los intereses generales y la legalidad constitucional. Esta debiera ser nuestra norma habitual de actuar, incluso cuando quienes están al frente de esas instituciones se nos antojan incapaces de desempeñar bien los cargos para los que fueron elegidos, o adoptan decisiones contrarias a las que consideramos apropiadas y justas.
Ni el presidente Rodríguez Zapatero debió ser abucheado cuando acudió en representación del Gobierno de España al desfile celebrado el día de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre, ni el presidente Aznar merecía ser acosado con premeditación y alevosía por unos estudiantes alertados por un rector irresponsable de su visita privada a la Universidad Autónoma de Barcelona en febrero 2002. Como tampoco, por supuesto, deberían tener que soportar los líderes del PP catalán los insultos que profieren algunos energúmenos independentistas cuando acuden a presentar su ofrenda floral cada 11 de septiembre en Barcelona. Y no es de recibo que los representantes políticos se rasguen las vestiduras cuando la víctima es uno de los suyos, y en cambio minimicen el alcance de los hechos lanzando cortinas de humo –"hay que respetar la libertad de expresión de los ciudadanos", "la penitencia va en el cargo", o, la más ignominiosa de todas, "se lo estaba buscando"– cuando la víctima pertenece al partido contrario.
Viene este recordatorio a cuento de las reacciones que se han producido durante las últimas semanas en relación a la cobarde y repugnante agresión que sufrió el Sr. Cruz, consejero de Cultura de la comunidad autónoma de Murcia. Todo el mundo con dos dedos de frente debería condenar lo ocurrido, desear la pronta detención de los culpables y su puesta a disposición de la justicia y pedir a las autoridades que investiguen con diligencia lo ocurrido para averiguar si se produjo alguna negligencia. Pues no, no es esto precisamente lo que ha ocurrido. Al parecer del Sr. Valcárcel, presidente de la comunidad, los responsables intelectuales de la agresión serían los líderes y las organizaciones de izquierda que, con sus manifestaciones, convocadas en protesta por el recorte de 300 millones del gasto público, habrían creado el clima social propicio para que el acto se consumara. En términos parecidos se ha manifestado la víctima que, en una entrevista telefónica emitida por TVE, manifestó que ha habido "múltiples corresponsabilidades". La Sra. Cospedal fue más lejos y declaró que "los socialistas han sobrepasado líneas rojas que no se pueden cruzar en política", y el escurridizo Sr. Rajoy se refirió a "la campaña contra el gobierno de Murcia, con manifestaciones frente a al casa del presidente de la región y con insultos a él, a su hija y a su familia".
Sr. Rajoy: si mañana algún vándalo agrediera al Sr. Rodríguez Zapatero, ¿se le podría culpar del desaguisado a Vd. y a otros líderes del PP que llevan años calentando el ambiente, participando en manifestaciones contra la política del Gobierno, tildando al presidente de incompetente y achacándole el mayor recorte de derechos sociales llevado a término desde 1978? ¿Acaso, Sra. Aguirre, cuando los madrileños abuchean e insultan a Rodríguez Zapatero están ejerciendo su libertad de expresión pero cuando hacen eso mismo los murcianos con Valcárcel están siendo manipulados por el PSOE y las sindicales? ¿Tan difícil resulta comprender que en Murcia, como en casi todos los puntos de España, andan los funcionarios (y no sólo los funcionarios) algo cabreados porque los políticos que han forjado sus carreras aupados a la grupa ganadora del "todo gratis" y "yo más" se están viendo obligados a recortar los hasta ayer intocables "derechos" de los ciudadanos?
No confundamos pues más las cosas. Convendría que en este caso todos los partidos dejen actuar a la policía y a la justicia en Murcia, y que cada responsable político aguante estoicamente su vela porque, como ya dije en otra ocasión, no todo lo que daña la imagen del Gobierno de Rodríguez Zapatero es bueno para España. Puede que a la larga ni siquiera lo sea para el PP. Pero, ¿a quién le interesa lo que pueda ocurrir después de las próximas elecciones generales?