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Estatut

En calzones y a la carrera

Clemente Polo

&quote&quoteNo tengo ninguna duda de que bastantes catalanes –no creo que pasen del medio millón– quieren un Estado propio, pero esa aspiración no cabe en la Constitución actual, ni por lo tanto en ningún estatuto.

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Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut que declara inconstitucionales 14 de sus artículos y reinterpreta a la baja otros 27, el Gobierno catalán y los líderes de los partidos nacionalistas catalanes (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA) se apresuraron a escenificar ante los medios de comunicación su rechazo a un auto que todavía no era publico y que con independencia de sus fundamentos jurídicos prejuzgaban una afrenta y humillación a Cataluña. La revuelta contra España se escenificó con todo lujo de banderas el 10 de julio en una manifestación convocada por la Generalitat y los partidos nacionalistas catalanes, agazapados bajo el parasol de Òmnium Cultural, una de esas instituciones bien engrasada con subvenciones públicas para difundir los mitos de uno de los nacionalismos más rancios de Europa. En el lema elegido para encabezar la manifestación, "Somos una nación. Nosotros decidimos", eché en falta los adjetivos "grande y libre" que tan bien describen los ideales étnico-lingüísticos totalitarios de sus convocantes y las políticas represivas empleadas por el Gobierno catalán para imponerlos en las últimas décadas.

Después de varios intentos fallidos para sacar adelante una sentencia que "constitucionalizara" el Estatut, el Gobierno catalán inició hace un año una campaña sistemática dirigida a deslegitimar al TC ante la opinión pública. Durante los últimos meses, el president Montilla i Aguilera no ha dejado de repetir que el Estatut es un "pacto político" sobre cuya contenido el Tribunal no podía pronunciarse y ha amenazado con las siete plagas de la desafección de Cataluña si los magistrados osaban tocar una coma de un texto que, por cierto, respaldaron únicamente el 36% de los ciudadanos. Fracasado el intento de amedrentar a los magistrados, el Gobierno catalán y el Parlament dirigieron hace unas semanas dos recursos al propio Tribunal Constitucional exigiéndole que, contraviniendo el artículo 161 de la Constitución, se declarase incompetente para ver los recursos presentados contra el Estatut hace cuatro años por el PP, varias comunidades autónomas y el defensor del Pueblo. El esperpento culminó cuando el president Montilla, tras conocerse las líneas maestras de la primera sentencia, acusó al TC de irresponsabilidad, llamó a los catalanes a manifestarse masivamente y demandó al presidente del Gobierno español que iniciara de inmediato una negociación con el Gobierno catalán para "recuperar" los artículos declarados inconstitucionales.

La actuación del Sr. Montilla durante todos estos meses ha puesto de manifiesto su completo desprecio por la división de poderes, la base sobre la que se sustenta cualquier Estado democrático, y su deslealtad a los procedimientos e instituciones que la encarnan en España. Por eso me pareció muy apropiado que la Sra. Cospedal le recordara hace unos días que llamar a los catalanes a manifestarse contra el del TC es propio de los regímenes antidemocráticos y fascistas; y encontré fuera de lugar y ridícula la réplica del Senyor de Girona que la acusó de faltar al "respeto institucional debido" al president de la Generalitat de Cataluña. No es, Sr. Nadal, la Sra. Cospedal, al fin y al cabo secretaria de organización de un partido de la oposición, quien ha faltado al respeto al president sino el Gobierno y el Parlament de Cataluña los que con deslealtad e irresponsabilidad pretenden situarse por encima de la Constitución española y el Tribunal encargado de interpretarla. La Constitución que votó el pueblo español reconoce la existencia de comunidades autónomas cuyos gobiernos y asambleas o parlamentos están sujetos a la propia Constitución y a las leyes conformes con aquélla. No tengo ninguna duda de que bastantes catalanes –no creo que pasen del medio millón– quieren un Estado propio, pero esa aspiración no cabe en la Constitución actual, ni por lo tanto en ningún estatuto, y hay que agradecer al TC que lo haya clarificado de una vez por todas.

Por cierto, que para falta de respeto institucional hacia el president Montilla la de sus socios de manifestación, CDC, que exhiben en sus sedes unos pasquines donde bajo una imagen del President de la Generalitat en calcetines y calzón corto puede leerse: "Montilla: no hipoteques Cataluña". Hace falta ser bastante bobo y candoroso para aceptar ponerse al frente de la manifestación independentista de la mano del Sr. Mas y acabar teniendo que salir por piernas para evitar que algunos de los jóvenes leones convocados acabaran rompiéndole la crisma. Me refería hace unos días al PSC como el convidado de piedra a la interminable y constitucionalmente imposible marcha del nacionalismo catalán hacia la independencia, pero el pasquín de CDC y el intento de agresión que sufrió Montilla durante la manifestación me hacen pensar que fui muy generoso con ellos: para el Honorable Pujol, Mas y su banda de comisionistas, por mucho que Montilla defienda el Estatut nunca pasará de ser el Mal Ladrón que les ha usurpado la Masía Gran (Generalitat) durante los últimos cuatro años estropeándoles un negocio de décadas.

Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.
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