De nuevo de vuelta a Madrid –¿también en clase turista esta vez?– para ahorrar unos euros a las maltrechas cuentas de la Generalitat. ¡Hay que ver lo trabajoso que resulta ser president en tiempos de crisis! Viajó el Sr. Mas en esta ocasión para entrevistarse con el presidente del Gobierno español, pero su visita, a diferencia de la que hiciera al Rey la semana pasada, no tenía carácter protocolario. Aunque también las cámaras recogieron las sonrisas de rigor al recibirlo Rodríguez Zapatero en las escaleras de La Moncloa, el Sr. Mas ya había advertido que no acudía a la cita para hacerse una foto con un presidente del que ya no se fía un pelo porque ha incumplido su palabra con Cataluña.
Dos han sido al parecer los objetivos de esta visita. El primero, presentar a Rodríguez Zapatero un voluminoso dossier de agravios y demandas, como corresponde a cualquier presidente catalán que se precie. Para calentar el ambiente del encuentro, la semana pasada el Sr. Mas ya anunció que iba a reclamar las inversiones previstas en el Estatut y a exigir que se hagan efectivos 27 traspasos, también previstos en el Estatut, que están todavía pendientes. Asimismo, quería revisar otros 13 traspasos ya realizados en la anterior legislatura, pero que CiU considera insuficientes, como por ejemplo, el de los servicios ferroviarios de cercanías y regionales que no incluye la propiedad de las estaciones, las vías, las catenarias y los trenes. Por lo que se ha dicho, todos estos traspasos deberían realizarse sin dilaciones a lo largo de 2011. Finalmente, Mas ha reclamado a Hacienda 1.000 millones a cuenta del fondo de competencia que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado en 2009.
El segundo objetivo, más importante en mi opinión, es reconocer el terreno y tantear las posibilidades que tiene el Gobierno catalán de extraer nuevas concesiones del Ejecutivo español –habida cuenta de la debilidad del Gobierno en el Congreso y las malas perspectivas electorales que auguran al PSOE las encuestas– durante el tiempo que resta hasta las próximas elecciones generales. El Sr. Mas ya amenazó hace un par de semanas con llegar "a un punto de no punto de no retorno en las relaciones entre Cataluña y el Estado" si el Gobierno español le pone trabas para realizar nuevas emisiones de deuda. El Sr. Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, fue un paso más lejos y advirtió que "si Cataluña se hunde, España también". Después de escucharles decir semejantes disparates, lo asombroso es que todavía algunos directores de programas de máxima audiencia los presenten a su audiencia como dos políticos dotados de un elevado sentido de la responsabilidad.
Dejando al margen la soberbia, deslealtad e irresponsabilidad que desprenden las palabras de los Sres. Mas y Duran i Lleida –¿se imaginan al gobernador o presidente de un estado dirigiendo un mensaje de ese tenor al presidente Obama o a la canciller Merkel?–, el recado que le han enviado al presidente es diáfano: si Rodríguez Zapatero no se pliega a sus demandas, CiU podría pasar a la ofensiva e intentar forzar un adelantamiento de las elecciones generales. Dudo, sin embargo, que los nacionalistas se atrevan a jugar tan fuerte. Para empezar, un adelanto de las elecciones podría aumentar la incertidumbre que pesa sobre la economía española y agravar las ya considerables dificultades financieras del Gobierno catalán y de algunas instituciones financieras catalanas. Una razón incluso más importante es que si hubiera elecciones en otoño el PP podría alcanzar la mayoría absoluta y dejar en nada la ambición de CiU de convertirse de nuevo en el árbitro de la política española.
Por ello, lo más probable es que la sangre no llegue al río: se acordarán algunos nuevos traspasos que Rodríguez Zapatero presentará como prueba de su compromiso con una visión plural de España y Mas como demostración de que, con él al frente del Gobierno, Cataluña vuelve a ser respetada. Mas presentará un plan de viabilidad razonable y se alcanzará algún compromiso para desbloquear proyectos e inyectar unos cuantos cientos de millones a la Generalitat en los presupuestos de 2012. Lo malo de hacer nuevas concesiones a los nacionalistas catalanes sin clarificar las responsabilidades de cada administración es que al día siguiente de alcanzar un compromiso, el Sr. Mas volverá a la carga exigiendo nuevos traspasos, denunciando incumplimientos reales o imaginarios de los ya realizados e intoxicando a la opinión pública catalana con denuncias sobre el expolio que sufre Cataluña –la última cifra 20.000 millones anuales– mientras España vive la gran fiesta su costa. Lo de menos es mejorar los servicios ferroviarios de cercanías y regionales, que me temo seguirán funcionando tan mediocremente como antes de ser transferidos, pero la culpa, claro está, seguirá siendo de la pérfida España y del torpe Montilla.