El Sr. Montilla no tiene arreglo. Se ha tomado tan en serio lo de que para gobernar Cataluña tiene que aceptar y acrecentar la herencia de sus honorables antecesores en el cargo, los Sres. Maragall y Pujol, que ha aprovechado una conferencia dedicada a celebrar los 25 años de la Ley de Normalización Lingüística, auspiciada ¡cómo no! por el Institut d’Estudis Catalans, para pedirles al PP y al Tribunal Constitucional que "eviten caer en las bajas pasiones" y advertirles de que "Cataluña no aceptará que se le imponga desde fuera la confrontación entre catalán y castellano". Lagarto, lagarto. Bajas pasiones, nada menos, e imposiciones desde fuera de Cataluña. Ahí, es nada.
Encuentro, en primer lugar, inaudito que el honorable iznajeño celebre, como si de una fiesta se tratara, el vigésimo quinto aniversario de opresión lingüística en Cataluña y, de paso, el segundo año de incumplimiento del Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que establece las enseñanzas mínimas en Lengua y Literatura castellanas en las comunidades que, como Cataluña, cuentan con dos lenguas cooficiales. La moratoria impuesta por la Generalitat a la aplicación del Real Decreto se formalizó en dos órdenes de la Conselleria d’Educació que ampliaron el plazo del que disponían los centros de enseñanza primaria en Cataluña para elaborar y presentar el Proyecto Lingüístico y extender a tres horas semanales la enseñanza de Lengua y Literatura castellanas en Cataluña. (La Orden EDU134/2008 amplió, en primera instancia, el plazo para cumplir el decreto hasta finales del curso pasado 2007-2008 y la orden EDU275/2008 lo extendió hasta finales del curso 2008-2009 para satisfacer a ERC que había advertido al PSC que el Real Decreto no se aplicaría mientras ellos estuvieran en el Gobierno de la Generalitat). Celebrar gozosamente el incumplimiento de una norma estatal como parte integral del plan para alcanzar la normalización lingüística en Cataluña es la última aberración que nos ha regalado el secretario general del PSC (PseudoSocialistesCatalans), un partido que está avalando con grave irresponsabilidad el incumplimiento de una ley aprobada en las Cortes que ampara el derecho de los ciudadanos a que sus hijos puedan recibir una educación mínimamente digna en lengua y literatura castellanas, materias, por cierto, conocidas urbi et orbe como lengua y literatura españolas. Buen ejemplo de lo que el Sr. Montilla entiende por "elevadas pasiones".
La advertencia que hace el Sr. Montilla al PP y al Tribunal Constitucional, dos por el precio de uno, resulta tan grave como el incumplimiento del Real Decreto de enseñanzas mínimas. Al parecer, lo que el PP dice en su recurso y lo que el Tribunal Constitucional puede llegar a decir cuando lo resuelva son, para el Sr. Montilla, imposiciones desde fuera. Interesante, ¿no? O sea, que el PP no es un partido español con derecho a recurrir una norma, el Estatut de Cataluña, ante el Tribunal Constitucional en España, ni éste una institución a la que compete dictaminar la constitucionalidad de las normas aprobadas. O a la mejor sí que lo son, y lo que verdaderamente nos ha querido decir el president es que Cataluña ya no es España y por lo tanto no le afectan las normas aprobada en Las Cortes ni las resoluciones del Tribunal Constitucional. Quizás estamos ya viviendo en la república catalana de hecho del president Montilla. ¿Cómo puede el presidente de un Gobierno de una Comunidad Autónoma dirigirse en estos términos al Tribunal Constitucional sin que sus palabras provoquen una respuesta inmediata del Gobierno español? ¿Se imaginan Vds. el escándalo que se produciría si el gobernador de un Estado osara dirigir semejantes advertencias mafiosas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Al parecer, para el Sr. Montilla y sus resabiados y rencorosos compinches de ERC, la única ley de obligado cumplimiento en Cataluña y España es el Estatut de Cataluña, una norma tan vital para Cataluña que únicamente el 37,8 por ciento del censo electoral se molestó en refrendarla.
Pero como ocurrió con la inmersión lingüística en castellano durante el franquismo, la imposición de la inmersión lingüística en catalán, arbitraria y contraria a los intereses objetivos de los ciudadanos, cosechará también un estrepitoso fracaso. De momento, ya ha conseguido que bastantes personas que sintieron un aprecio y afecto sincero hacia la cultura catalana cuando estaba oprimida en la dictadura, se sientan hoy desplazadas y agredidas por una administración y una clase política catalanas que cierran filas ante propuestas tan inocentes y con tan escasa trascendencia como el que en la escuela se dediquen tres horas a la semana a aprender lengua y literatura castellanas. Tanta burricie produce, primero, vergüenza ajena y, a continuación, el rechazo de cualquier persona razonable y abierta. Soólo por eso, la normalización lingüística está condenada a fracasar. Los ciudadanos en Galicia, Cataluña y el País Vasco vamos a seguir hablando el español, una lengua que permite comunicarnos con todos los españoles –¿se han preguntado en que idioma hablan entre sí los miembros de la secta GalEusCat?– y nos abre horizontes amplísimos en Iberoamérica y el resto del mundo. Que quienes no tienen otra cosa que ofrecer a los ciudadanos catalanes salvo envidia y resentimiento, hayan hecho de la nacionalización de Cataluña bandera, santo y seña, para ganarse un escaño, una alcaldía o una subvención, resulta hasta comprensible; pero que también hayan entrado en este juego los nacidos en Iznájar que han sido ministros del Gobierno de España produce aversión y repugnancia.