Tras varios meses de apagón informativo en torno al devenir del recurso presentado contra el Estatut de Cataluña por el PP, hace dos semanas se recibían por fin noticias de que el órgano supremo encargado de velar por la constitucionalidad de las normas palpita. Han pasado tres años y medio desde que el Estatut de la comunidad autónoma de Cataluña fue aprobado, en el referendum celebrado el 18 de junio de 2006 con una participación del 49,4% del censo electoral, y algo más de tres años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad... y seguimos esperando a que el Tribunal Constitucional (TC) salga de su prolongado estado de hibernación y tenga a bien emitir una sentencia que aclare si el texto aprobado por el 54% de los diputados en el Congreso el 16 de abril de 2006 es o no constitucional.
Las noticias publicadas apuntaban a que seis miembros de los diez encargados de examinar el recurso han rechazado el borrador propuesto por la Sra. Pérez Vela, magistrada ponente y encuadrada en el ala "progresista" (¡vamos, una santa!), que avalaba la constitucionalidad del Estatut en algunos aspectos clave. Hay pues alguna esperanza de que el TC declare inconstitucional algunos artículos contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución de 1978 que cuestionan dónde está residenciada la soberanía, el papel central del castellano en tanto que lengua oficial del Estado, la libertad de enseñanza, el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia y la lengua en que quieren educar a sus hijos y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Desde hace décadas, el Gobierno catalán vulnera estos derechos constitucionales y la situación se ha agravado durante las presidencias de los Sres. Maragall y Montilla, dos líderes del PSC que se han plegado a todas las exigencias de los independentistas de ERC, incumplido los reales decretos de enseñanzas mínimas de 2006 y patrocinando diversas normas y reglamentos contrarios a la libertad de enseñanza y empresa. En un acto de cinismo sin parangón, el Parlamento ha aprobado la Ley de Educación de Cataluña (LEC) en 2009 que pretende, entre otras cosas, dar cubertura legal al incumplimiento flagrante a algunas normas del Estado. Felizmente, la LEC también ha sido recurrida por el PP y el futuro de este recurso pende de la suerte que corra el Estatut.
Desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno nacionalista que preside el Sr. Montilla ha repetido una y otra vez que nada tiene que decir el TC sobre una norma que se sustenta en un pacto político entre Cataluña y España y ha amenazado con (¿promover?) la desafección de Cataluña en caso de que el TC ose recortar el Estatut. En otras ocasiones, he comentado el disparate en que incurre el Honorable Sr. Montilla al negar al TC capacidad para juzgar la constitucionalidad de las normas (Montilla contra la constitución), un hecho sólo comparable al que supondría que el TC cuestionara la capacidad del Gobierno catalán y del Parlament de Cataluña para proponer y aprobar normas en Cataluña.
Pero en esta España de democracia de pandereta –controlada por castas de políticos profesionales (partidos) cuya larga mano ha convertido a los parlamentos en meras palancas de transmisión de los dictados del poder ejecutivo y aspira a domesticar también a los integrantes de la cúpula del sistema judicial–, a los políticos al estilo del Sr. Montilla se les escapa que las normas que redactan y aprueban los parlamentos autonómicos y las Cortes españolas puedan ser inconstitucionales, tengan en su base pactos, romances o folletines. Es el caso del Estatut, un texto de dudosa constitucionalidad incluso tras la operación de cirugía aplicada en el Congreso al proyecto impulsado por el Sr. Maragall y aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005. Porque su entendimiento no alcanza más allá, ha vuelto a insistir en el mismo planteamiento en un acto de homenaje al Lluch celebrado el 22 de noviembre, confundiendo la pluralidad de España reconocida en la Constitución con la bilateralidad en las relaciones entre Cataluña y España que promueve el Estatut y en la que se pretende fundamentar jurídicamente la opresión que padecemos muchos españoles en esta Cataluña nacionalizada.
Los guardianes profesionales de las esencias nacionalistas se han apresurado a llamar a la rebelión a los ciudadanos de Cataluña si se recorta el Estatut. Para el Sr. Mas, cuyo partido, CDC, pasa estos días por horas bajas al haber trascendido que se benefició a través de la Fundación Trías Fargas del dinero robado por el Sr. Millet al Consorcio y la Fundación del Palau de la Música, un posible recorte del Estatut le viene como anillo al dedo para distraer la atención del personal hacia "Madrid". También le va muy bien a los dirigentes de ERC, a los que las encuestas les vaticinan un buen batacazo, una vez que los ciudadanos han podido constatar tras seis años en el Gobierno que a sus dirigentes lo que les pone son las marchas nocturnas con antorchas y banderas y la utilización de la administración pública para emplear a sus inquisidores atentos a detectar y castigar a los "malos" catalanes. Tampoco le va mal al PSC y al Sr. Montilla girar el punto de mira a "Madrid" y sacar a pasear la "desafección", tocados como están sus líderes, incluso personalmente, por la corrupción que ha destapado la operación Pretoria.
¿Cuál es el temor de los verdaderos demócratas? Que las presiones y amenazas de los nacionalistas catalanes hagan temblar los débiles cimientos de La Moncloa y el presidente y la vicepresidenta pongan en marcha el "Gabinete de presiones" con el fin de cambiar el sentido del voto del Sr. Aragón Reyes, el díscolo magistrado del ala "progresista" del TC que se ha atrevido a poner trabas a la "constitucionalización" del Estatut. Como decía en mi anteriorartículosobre esta cuestión, una sentencia que recorte el Estatut no resolverá los múltiples problemas políticos, administrativos y sociales que van a generar los estatutos a la carta, tanto los aprobados en la pasada legislatura como los que se están aprobando en ésta, pero al menos servirá para establecer "algunos límites a las pretensiones de los nacionalistas de gobernar Cataluña sin contar con el resto de las instituciones del Estado español", como pretende el Estatut, y al "abuso interpretativo que se hace de algunos artículos en Cataluña" y que acaban desnaturalizando los principios esenciales recogidos en el Título Preliminar y vaciando los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo de la Constitución española. No afloje Sr. Aragón Reyes, pues de usted depende en gran medida que el Estado de las autonomías no devenga un Estado sin autonomía, además, claro está, del bienestar de mis dos hijos nacidos en Cataluña.