Se avecinan tiempos duros para la economía española. ¿Cuán duros? Nadie lo sabe con exactitud pero la insólita concurrencia de una severa crisis financiera y una recesión económica augura un período de contracción, primero, y otro de bajo crecimiento, después, más en línea con lo ocurrido en la década negra de la economía española (1976-1985) que en la recesión de 1992-93. Todo apunta a que la purga que necesita la economía es de gran calado y las purgas severas dilatan la recuperación. Así se lo he explicado a mis alumnos de Macroeconomía mientras el Gobierno se negaba a reconocer lo evidente. ¿Por qué soy tan pesimista?

La economía española tiene que eliminar los fuertes desequilibrios financieros y productivos acumulados en la prolongada expansión. Durante una década, las entidades financieras, las empresas no financieras y las familias se endeudaron alegremente y los activos adquiridos valen hoy bastante menos que las deudas contraídas. Su solvencia ha caído en picado y la morosidad sube y subirá bastante más en los próximos trimestres minando la confianza. El BCE y el Gobierno español están inyectando grandes sumas de liquidez, pero no pueden rellenar tantos agujeros como se abrieron. En el ámbito productivo, sólo la deseable dieta de adelgazamiento de la construcción puede enviar a más de un millón de trabajadores al paro, y no será fácil recolocarlos.

También tiene que acomodarse a la importante alteración que ha registrado la división internacional del trabajo y convertido a China, India, Brasil y otros países emergentes en potencias manufactureras de primer orden. Sus efectos sobre nuestro aparato productivo se van a dejar sentir con toda su crudeza durante esta recesión y numerosos sectores –desde los más tradicionales como textiles, confección, calzado y juguetes, hasta otros más modernos, como automóviles y productos electrónicos– se están contrayendo a causa de la incontenible competencia. También estos sectores van a dejar una estela de parados difícil de reciclar y, si la producción de automóviles acabara deslocalizándose, la caída de las exportaciones pondría las cosas todavía más difíciles.

El Gobierno ya no dispone de los dos instrumentos, tipos de interés y cambio, que habitualmente utilizaba para restablecer la competitividad de las empresas y corregir el déficit exterior. El déficit superará el 11% del PIB en 2008 y la perdida de competitividad, que se ha ido acentuando año tras año, afecta tanto a los sectores industriales como al turístico. La depreciación del euro, si continúa, ayudará a mejorar la competitividad de nuestras empresas fuera de la zona euro, pero no tendrá efectos dentro de ella. Las reducciones de tipos del BCE ayudarán a moderar los costes financieros de las empresas, pero no aumentarán su competitividad.

España tampoco va a registrar en el futuro impactos favorables, como le ocurrió al incorporarse a la CEE y al adherirse a la UEM. No habrá una oleada de inversión directa como en 1986, ni tampoco un impacto sobre la demanda como el que produjo la convergencia de tipos de interés entre 1995 y 1998. Además, España va a perder su posición privilegiada como perceptor neto de fondos de la UE. No habrá pues ayudas y sí tal vez deslocalizaciones inducidas por la ampliación de la UE, cuyos socios más recientes y pobres pueden convertirse ahora en destinatarios de las inversiones alemanas o francesas.

Finalmente, las medidas que ha ido adoptando el Gobierno desde septiembre para atajar la crisis financiera no han contemplado el relevo de los gestores de las entidades que han recibido inyecciones de liquidez, ni han eliminado, por tanto, la incertidumbre causada por su falta de liquidez y solvencia. Tampoco el Gobierno ha presentado un paquete coherente de medidas para afrontar y transformar el modelo económico, sustentado en la producción estandarizada, el estímulo de la demanda interna y el empleo no cualificado, por otro basado en el trabajo cualificado, la innovación y la internacionalización de las empresas. La tarea a realizar es complicada, llevará tiempo y, en el escenario más optimista, requerirá convivir con elevados niveles de paro y déficit público durante bastantes años. La recesión será pues profunda y duradera, tanto más cuanto más se aferre el Gobierno a sostener con subvenciones sectores obsoletos y trabajadores parados.