El pasado 15 de octubre, el Sr. Montilla, pesidente del Gobierno autónomo catalán, hizo una declaración institucional con motivo del sexagésimo noveno aniversario del fusilamiento del Sr. Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña en 1939, que, huido a Francia al finalizar la contienda, fue capturado por las fuerzas de ocupación alemana y entregado al régimen del general Franco en 1940. En su declaración, el president Montilla "instaba a la Fiscalía General del Estado a plantear un recurso para revisar la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas contra el presidente Companys, y la sentencia del Consejo de Guerra que le va a condenar a muerte". Según el Gobierno catalán, la anulación del "juicio sumarísimo" constituye "un paso imprescindible para la plena restitución de la memoria del president Companys..., un acto de justicia, congruente con la declaración de ilegitimidad de las leyes y los juicios franquistas".
Todo el documento exhuma una retórica vacua, encaminada no a restablecer la memoria y la dignidad del Sr. Companys, como hipócritamente afirma, sino a falsear la historia misma, envolviendo la figura del desaparecido en un relicario, a modo de brazo incorrupto, con el propósito inconfensable por parte de quienes impulsan la iniciativa de obtener una rentabilidad política. ¿Ante quién se puede plantear un recurso para anular un juicio cuya funesta consecuencia, el fusilamiento del Sr. Companys, tuvo lugar hace sesenta y nueve años? Habría tenido sentido intentarlo, en todo caso, cuando el dictador vivía, mientras pervivió su régimen, no ahora. Y, ¿cómo se pueden anular las leyes franquistas bajo las que hemos vivido tantos españoles durante décadas? Serían ilegitimas, como dice el Sr. Montilla, pero él me temo que, como casi todos los antifranquistas actuales, las acató sin rechistar demasiado durante décadas. Siento enorme curiosidad por saber de las andanzas del Sr. Montilla hasta 1978, cuando dio sus primeros pasos en política.
La petición del Gobierno catalán de anular el juicio sumarísimo del president Companys tiene tan poco sentido como solicitar a la Fiscalía General del Estado que se anulen todas las detenciones y asesinatos que se produjeron en Cataluña mientras el Sr. Companys ocupó el cargo de president de la Generalitat. La memoria histórica del Sr. Companys se recupera investigando con seriedad el papel que desempeñó en la gobernación y el desgobierno de Cataluña y aclarando las responsabilidades en que incurrió por su desleal comportamiento hacia la República, haciendo, junto con otros líderes, "todo lo necesario (y bastante más de lo necesario), para aumentar temerariamente la importancia de la región en los problemas de la guerra", como reconocía el Sr. Azaña. No nos engañemos: detrás de la iniciativa del presidente Montilla y del Gobierno catalán no hay interés alguno en recuperar la figura histórica del Sr. Companys y honrar su trágico destino, sino en vender a cierto segmento del electorado un antifranquismo de baratillo, a toro desollado, treinta y cuatro años después de la muerte el dictador, un gesto tan valeroso como el de los aguerridos iraquíes que derribaron con furia las estatuas de Saddam Hussein tras la entrada victoriosa de las tropas estadounidenses en Bagdad: ni un minuto antes de que el dictador huyera.
De la pasión por encubrir los hechos históricos no escapan tampoco los acontecimientos más triviales de nuestra agitada vida política. En un agrio intercambio mantenido en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso el 18 de noviembre de 2009, la diputada Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, acusó a la Sra. Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y responsable del Gabinete de crisis creado para resolver el secuestro del pesquero "Alakrana" por piratas somalíes, de no haber estado a la altura de las circunstancias durante los 47 días que estuvo el barco en manos de los delincuentes. Pues bien, la vicepresidenta, en lugar de dar explicaciones con humildad sobre la lamentable actuación del Gobierno y el patético y confuso desenlace del caso –todavía no sabemos con certeza si bajaron a algunos los tripulantes a tierra ni si persiguieron a los últimos piratas que abandonaron el barco y por qué no fueron capaces de darles alcance–, acusó a la portavoz del PP de "ponerse del lado de los piratas" por mor de sacar rédito político al secuestro.
La portavoz Sáenz de Santamaría, en lugar de aprovechar la ocasión para sacarle los colores a la siempre desabrida y en esta ocasión histérica vicepresidenta, pidió que retirase esas palabras para que no constasen en el diario de sesiones del Congreso. ¡Qué torpeza de su parte pretender eliminar las palabras pronunciadas en el hemiciclo por la Sra. de la Vega que no ofenden a quien iban dirigidas sino que avergüenzan a quien las profirió! Y por eso mismo deben aparecer reflejadas con fidelidad en el diario de sesiones para que cualquier investigador futuro sepa apreciar la finura conceptual y dialéctica de los formidables estadistas sobre cuyos hombros recae en estos momentos el peso del Gobierno de España.
De hipócritas, retóricas, interesadas e inútiles se puede tachar las obsesiones de algunos políticos de baratillo por "anular" juicios cuyas trágicas sentencias fueron ejecutadas hace seis o siete décadas y de torpe e ingenuo el empecinamiento de algunos diputados por limpiar el diario de sesiones de las inoportunas e indignas palabras pronunciadas contra ellos en una sesión parlamentaria. Como preguntaba hace unas semanas el Sr. Marías (El folklore de los huesos insignes,El País Semanal) en relación al debate suscitado por la exhumación de los huesos de Federico García Lorca, ¿tan difícil resulta entender que "la 'indigna' sepultura de Lorca es un recuerdo necesario de la indigna muerte que sufrió", y no respetarla sería, a la larga, poco menos que "blanquear" a sus verdugos? ¿Y que "se puede preferir dejar a los muertos allí donde cayeron, no traficar con ellos ni trasegarlos para complacer a los vivos"?