En mi anterior artículo daba cuenta de la petición que el fiscal Sánchez Ulled había dirigido al juez Solaz, instructor del caso Palau, para que incoe en una causa separada de los indicios documentales encontrados sobre presunta financiación ilícita del partido Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). El fiscal solicita asimismo que se impute por esos hechos a dos importantes miembros de la dirección de CDC: Daniel Osàcar, responsable de las finanzas del partido nacionalista y administrador desde 2005 de su Fundación Trias Fargas (rebautizada CatDem), y Àngel Colom, secretario de inmigración de CDC desde 2008. Artur Mas, secretario general de CDC y candidato de la coalición CiU a presidir la Generalitat, ha intentado restar importancia al asunto "que no es la primera vez que la Fiscalía entra en campaña para desacreditar a una oposición que facilitaría el cambio". Ningún juez –vino a decir– va a detener mi fulgurante carrera.

Pero la abundante evidencia acumulada sobre cómo CDC se financió con las comisiones que Fèlix Millet, director ejecutivo del Consorcio Palau de la Música y presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música y del Orfeó Català, obtenía de algunas empresas que recibían adjudicaciones de obras y concesiones públicas de los gobiernos de Pujol ha llevado al Consorcio, integrado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, a sumarse a la petición del fiscal de examinar en una causa separada las finanzas convergentes y pedir la imputación de los dos dirigentes precitados. No en balde el siempre denostado (por los nacionalistas catalanes, se entiende) Ministerio de Cultura aportó 15,6 millones para las obras de rehabilitación y ampliación del Palau entre 1999 y 2004 y aproximadamente otros 10 millones más en los Presupuestos Generales del Estado entre 2006 y 2010. Y como la auditoría realizada por Deloitte a instancias de Fundación Orfeó Català-Palau de la Música estima el coste real de las obras del Palau en 17,1 millones y la cantidad recaudada por Millet para financiarla en 26,7 millones, resulta lógico que el Ministerio de Cultura y el Consorcio tengan interés en saber a dónde fueron a parar los 9,6 millones restantes.

Bien distinta ha sido la reacción de Josep María Busquets, presidente en funciones de la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música y del Orfeó Català que interpreta la reacción del Consorci como "una decisión política de las tres administraciones" y aclara que la decisión de no apoyar la apertura de una causa separada para examinar se adoptó por mayoría absoluta "tras consultar por escrito a todas las personas e instituciones presentes –Fundación y Orfeón– en los dos organismos". ¡Qué pena no poder leer tan edificantes intercambios epistolares entre gente tan distinguida! Si alguien creyó que el saqueo del Palau podía despertar sus conciencias estaba en un error pues por ellas fluye la misma sangre del catalanismo convergente que posibilitó a Fèlix Millet, presidente de la Fundación y del Orfeó Català, cometer con total impunidad sus tropelías durante dos décadas.

Con independencia de quienes sean los líderes de CDC que acaben finalmente sentándose en el banquillo si la instrucción prospera, lo que ya está fuera de toda duda es que mientras la formación nacionalista, en un irresponsable alarde de demagogia, se dedicaba (y se dedica) a denunciar el expolio de Cataluña, sus líderes se afanaban en expoliar a sociedades como Natur System S.L., Ferrovial, COPISA y Aguas Segarra-Garrigues, que habían recibido adjudicaciones de obras públicas y concesiones de explotación entre las que figuran la remodelación y ampliación del Palau de la Música (1999-2004: 9 millones), el tramo 4º T de la línea 9 del metro de Barcelona (2001: 389 millones), la construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia (2003: 265 millones), la construcción del pabellón deportivo de Sant Cugat del Vallés (2003: 4 millones) y el proyecto de concentración parcelaria del sistema Segarra-Garrigues (2003: 923 millones).

La responsabilidad, de momento únicamente política, de la actual cúpula de CDC resulta incontrovertible. En esos años finales del pujolismo, Artur Mas fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-97), consejero de Economía (1997-2001) y, finalmente, primer consejero (2001-2003) en el postrer gobierno de Jordi Pujol. Entretanto, Daniel Osàcar, accionista y apoderado de la empresa Natur System S.L. hasta 2006, fue nombrado secretario personal de Mas en 2000 y secretario de finanzas de CDC y administrador de la Fundación Trias Fargas en 2005. Y Felip Puig, uno de los abanderados estelados de CDC, estuvo al frente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas entre 2001 y 2003, años en que se realizaron algunas de precitadas adjudicaciones multimillonarias (tramo 4T de la línea 9 y Ciudad de la Justicia). No sé por qué me viene a la memoria el título de uno de los sainetes de García Berlanga...