En la reunión del Consejo Escolar Municipal de Tarragona celebrada el pasado 27 de febrero se acordó por mayoría –veintiséis votos a favor, dos en contra y una abstención–, primero, adherirse al acuerdo adoptado por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Tarragona (CPAT) el 10 de enero de 2011 (mociones 6.1 y 6.2 presentadas por ERC y CiU, respectivamente) en apoyo de la inmersión lingüística y rechazo a las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) que instan a emplear el castellano "como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatorio", y, segundo, poner en conocimiento "de todos los centros educativos de la ciudad, desde la educación infantil hasta la educación secundaria" el contenido de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el CPAT.
El acuerdo del CPAT al que hace referencia el Consejo Escolar, aprobado con los veinte votos de los representantes del PSC, CiU y ERC y la oposición de los cuatro representantes del PP, rechaza "las sentencias del Tribunal Supremo que podrían significar el fin del sistema de inmersión lingüística, que ha supuesto de manera demostrada que es un modelo de éxito" (perdón, por la sintaxis), e "insta al Parlamento de Cataluña a rechazar las sentencias y a cumplir la Ley de Educación de Cataluña". Por si fuera poco, los representantes políticos en Tarragona de los tres partidos nacionalistas catalanes –PSC, ERC y CiU– "lamentan que el nombre de Tarragona pueda ser asociado con una de las sentencias", avergonzados al parecer de que haya sido uno de sus conciudadanos quien denunciara la inmersión lingüística que practica el gobierno catalán desde hace varias décadas.
Dos conclusiones se pueden extraer del texto aprobado por los representantes del PSC, CiU y ERC en el Ayuntamiento de Tarragona. En primer lugar, la Ley de Educación de Cataluña (LEC) contraviene las sentencias del TS sobre el uso "proporcional y equitativo" del castellano como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria, pues no de otra forma cabe entender que el CPAT inste al Parlamento catalán a rechazar las sentencias del TS y a cumplir la LEC. Esperemos que llegado el momento de dictaminar sobre la constitucionalidad de la LEC, recurrida por el PP, así lo entienda también el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Tarragona, al aprobar unas mociones que instan a incumplir las tres sentencias dictadas por "el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales", se sitúa deliberadamente fuera de la ley y anima a otras autoridades (Parlamento de Cataluña) a hacerlo.
Sorprende que el único argumento que ha presentado este grupo de prohombres de Tarragona para justificar el carácter totalitario de la inmersión lingüística en Cataluña sea que ésta ha sido "un modelo de éxito", cuando el único logro conocido del "modelo" ha sido postergar al castellano en la enseñanza obligatoria hasta situarlo incluso por debajo de las lenguas extranjeras. No es ninguna broma. En muchos colegios públicos en Cataluña se dedican tres horas semanales al aprendizaje de la lengua y literatura inglesas y sólo dos a la lengua y literatura castellana. Por otra parte, el Gobierno catalán autoriza abrir centros privados y concertados que emplean como lengua vehicular cualquier lengua extranjera (italiano, francés, alemán, inglés, japonés, etc.) pero nadie ha conseguido todavía autorización administrativa del gobierno catalán para abrir un centro de enseñanza donde el castellano sea la lengua vehicular. Los encontrará en Andorra o Toulouse pero no en Barcelona.
Las sentencias del TS abren un rayo de esperanza a todos los ciudadanos que han vivido en Cataluña en un permanente estado de excepción lingüística desde que Jordi Pujol accediera al Gobierno de la Generalitat en 1980: Cataluña es una comunidad autónoma de España pero los españoles que viven en Cataluña no pueden, aunque lo deseen, recibir la educación en "castellano [que] es la lengua oficial del Estado". Esta incomprensible anomalía la han tolerado todos los presidentes de gobierno de España (González, Aznar y Rodríguez Zapatero) que, por mero oportunismo, han preferido mirar hacia otra parte. ¿Qué ocurrirá ahora que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han atrevido a marcar límites al modelo de inmersión lingüística (y a otras pretensiones) catalán, heredero directo del modelo de exclusión de una lengua que ya Franco trató de imponer sin éxito durante la dictadura? CiU ya ha manifestado que su intención es "preservar el modelo de inmersión lingüística". Al Gobierno de España le toca ahora tomar cartas en el asunto y exigir al Ejecutivo catalán que adecue el sistema educativo catalán a las sentencias del TS. Hoy como ayer, la victoria caerá del lado de quienes defendemos la libertad frente a las imposiciones totalitarias.