El Gobierno perpetró, y a sabiendas, una gravísima falta al designar al comité de expertos sobre las pensiones. De entrada, ya el hecho mismo de escoger a unos expertos entraña una manifiesta falta de tacto. Significa que unos señores saben más que otros, lo que siempre levanta ampollas. ¿Por qué fulano y no mengano? ¿Qué saben ellos que yo no sepa? En fin, lo habitual en estos casos, es decir, nulla di nuovo sotto il sole. Ahora bien, junto a este pecado común a toda comisión de sabios, y nótese que "sabios" suele decirse con retintín, ésta en particular venía con un lastre del que enseguida alertaron los sensibles detectores de metales de nuestra izquierda.
Resulta que muchos de sus miembros habían trabajado con empresas del sector privado. En palabras de un titular que hizo fortuna: ocho de los doce expertos habían estado "a sueldo de la banca y las aseguradoras". La bicha y por partida doble. Yo no sé, dicho sea de paso, si ese "a sueldo" descalificativo viene a proponer como ideal que se trabaje gratis et amore. Pero ante todo desliza la acusación de que en el comité iban a seguir bajo soldada y a las órdenes de las empresas con las que colaboraron. En la plana mentalidad de los detectores, unos profesionales con experiencia en el sector privado son tan proclives a arruinar su prestigio emitiendo dictámenes espurios como incapaces de prestar, si se les requiere, un servicio a su país.
La pregunta, claro, es de dónde quieren que salgan los expertos de un comité que debe elaborar un complejo informe técnico para un Gobierno. Si acaso hay que prescindir de personas altamente cualificadas y especialistas en la materia porque han trabajado para empresas del ramo. Hombre, lo sorprendente sería que los expertos llamados para opinar sobre pensiones hubieran pasado su vida profesional en la pesca y la hostelería. En fin, esto es como cuando le reprochan a un economista como De Guindos que trabajara en Lehman Brothers.
Por lo que parece, la recelosa izquierda viene a proponer que "los sabios" salgan sólo del sector público. Bien. Pero ¿por qué no han de ser también sospechosos ellos? Igual simpatizan con un partido o con un sindicato de izquierdas, como era el caso de, al menos, tres de los doce del comité. Uno tuvo el gesto, que le honra, de mantener una posición distinta a la oficial de Comisiones Obreras, por lo que fue desautorizado. En contraste, cabe interpretar el voto en contra y la retirada de dos de los miembros, Santos Ruesga y José Luis Tortuera, como seguimiento de una estrategia de partido. No digo que lo sea, pero si vamos de sospechas, sospéchese de todos. Aunque lo cabal es otra cosa. Es evaluar el informe en lugar de devaluar, y tan injustamente, a sus autores.