Después de la sentencia de Estrasburgo, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dijo con toda razón que muchos organismos internacionales han observado con "distancia y frialdad" el terrorismo de ETA y que los españoles han sido incapaces de trasladar "la terrible realidad y el sufrimiento de cientos de familias". Yo comparto la opinión de la defensora, pero me temo que la cosa aún fue peor. Fue, digo, porque me refiero al pasado, a un pasado no tan lejano, aunque hoy parezca remoto, en el que la distancia y la frialdad también se daban entre nosotros. Era cuando los atentados de ETA sólo merecían un breve en la prensa, cuando los féretros de policías y guardias civiles asesinados en el País Vasco salían por la puerta de atrás de las iglesias, o cuando la indignación por los crímenes de la banda se tomaba por furia de cuatro fachas.
Aquel tiempo de silencio acabó, pero conviene recordar que el rechazo público al terror de ETA y el apoyo a las víctimas no fue siempre como el que se manifestaría más tarde. Igual que es preciso hacer memoria de que la armadura judicial, penal y política española mantuvo demasiado tiempo unas grietas que la hacían claramente deficiente para afrontar el terrorismo. Una de ellas era un procedimiento de redención de penas que permitía acortar notablemente las condenas de delincuentes con graves y múltiples delitos. La ley tiene sus normas, que deben cumplirse, pero se le permitirá al lego en la materia que se pregunte por el sentido de sentencias que imponían miles o cientos de años de cárcel. Y no se responde del todo a ello con el recordatorio de que en España no existe la cadena perpetua.
Ante el escándalo por los efectos que tiene la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más de un jurista se ha pronunciado estos días en el sentido de que la culpa es de los políticos. Cierto que el Legislativo pudo haber reformado o derogado el Código Penal de 1973, polvo del que vienen parte, y sólo parte, de estos lodos. Pero recuérdese que entre 1986 y 1995 se presentaron hasta nueve iniciativas en el Parlamento para establecer el cumplimiento íntegro de las penas en casos de terrorismo y narcotráfico modificando aquel Código. Las presentó el Partido Popular y la mayoría parlamentaria las rechazó. Las rechazó, supongo, porque un endurecimiento de las penas repugnaba a su ideario y, supongo, también desagradaba a sus votantes. No se olvide que los políticos se presentan a elecciones.
Hay quien atribuye aquella falta de nervio para cambiar la legislación penal al ensueño de la negociación y el apaciguamiento. Puede. Pero ese ensueño, que siempre deviene en pesadilla, ha sido más compartido de lo que suele reconocerse. Zapatero no fue castigado en las urnas por su negociación política con ETA. Y no hubo más clara expresión del afán de apaciguamiento del terrorismo que la que culpó a Aznar de la masacre del 11-M. La imagen de una sociedad española mayoritariamente dispuesta a pagar el precio de una lucha sin concesiones contra el terrorismo ha sido más un producto del deseo que una realidad. Lamentable, sí, pero hay que saber dónde se ha estado y dónde se está.