Siempre hay una excepción. El único lugar de España donde en estos tiempos populistas se hace una manifestación a favor de los políticos es… sí, es Cataluña. No a favor de todos, por supuesto. Tampoco para agradecerles la eficiencia, la honradez y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Mucho menos para celebrar que respeten de manera ejemplar la ley y las instituciones. Al contrario. La razón por la que miles de personas consintieron en echarse a la calle el domingo en Barcelona para arropar a una serie de cargos electos es que esos cargos electos incumplieron la ley y afrontan por ello procesos judiciales.
En el mundo autorreferencial del nacionalismo, ese incumplimiento es legítimo: responde a un mandato del "pueblo de Cataluña" al que la justicia quiere ponerle cortapisas. De ahí que ésta haya sido, desde su propia visión de las cosas, una manifestación del "pueblo" contra la justicia. Hace una decena de días se escandalizaban muchos rotativos españoles de que los tabloides británicos recibieran con gritos de "enemigos del pueblo" a los jueces que dictaminaron que el Brexit, votado en referéndum, no lo puede activar en solitario el Gobierno, sino que precisa de la intervención del parlamento. Bien, aquí no tenemos tabloides en los kioskos, pero tenemos a los tabloides en las instituciones: presidentes, expresidentes y consejeros autonómicos, alcaldes y concejales que llaman a parar en la calle los procesos judiciales que se les han incoado, porque los jueces están "contra el pueblo".
El nacionalismo nos ha acostumbrado a este tipo de actos de tal manera, que tienden a normalizarse: bueno, son nacionalistas y separatistas, están "contra España", así que es normal que se manifiesten contra la ley "española" y contra los tribunales "españoles" encargados de que se cumpla. Se termina acomodando incluso esa inverosímil distinción entre la ley y la justicia en España y la ley y la justicia en Cataluña. Tal y como si fueran, y como querrían los nacionalistas que fueran, Estados diferentes. La ideología funciona como salvoconducto. Mitiga, en todo caso, la dureza antidemocrática de estos desafíos. Y en tiempos populistas como estos, la contraposición de pueblo a ley e instituciones resulta de lo más normal del mundo.
No podía faltar y no faltó la protesta contra la "judicialización de la política". No solamente por boca de los independentistas. También algún alcalde del PSC, que estuvo entre los requeridos a cumplir la ley de banderas, considera un error "judicializar un conflicto político". ¿Pero qué quieren decir? ¿Que la política y los políticos no tienen que cumplir la ley? ¿Que depende de qué leyes? ¿Que un cargo público puede cumplir solamente las leyes que le parezcan bien e incumplir el resto? No por azar, otros que lamentan mucho la "judicialización de la política" son los que desean cuestionar, sin decirlo abiertamente, las investigaciones judiciales de la corrupción. La voluntad en ambos casos es la misma. Unos y otros quieren estar por encima de la ley y saltársela sin tener que afrontar las consecuencias.