El 12 de octubre de 1984, el IRA hizo estallar una potente bomba en el hotel de Brighton donde pernoctaba la cúpula del Partido Conservador británico, incluida la primera ministra Margaret Thatcher. Cinco personas murieron, entre ellas, un destacado parlamentario. Thatcher y su esposo escaparon por poco. Hubo, además, 34 heridos, algunos, muy graves. Poco después, la banda terrorista emitía un comunicado que incluía este mensaje: "Hoy no hemos tenido suerte, pero, recuerden, nosotros sólo hemos de tener suerte una vez; ustedes han de tener suerte siempre". La frase, que ha pasado a la historia de la infamia, merece, junto a la repulsa, un análisis. Pues al tiempo que mostraba la naturaleza del terrorismo, así como la dificultad de la labor de la Policía, la bravuconada, en su prepotencia, obviaba algo esencial: por mucho que los terroristas "tengan suerte", por mucho que asesinen y dañen, no pueden destruir la democracia. A menos, claro, que se deje.
El Gobierno de Zapatero renunció precisamente a ese elemento fundamental de la lucha contra el terrorismo. Le fue dando a la ETA toda clase de señales de su voluntad de desistir, llegando a adoptar compromisos y a realizar cesiones que, como era de prever, resultaron insuficientes. He escrito renunció, pero hay que decir que sigue renunciando. Lo único que el Gobierno ha recuperado, una vez rota la baraja, es la actividad policial. De ello hace gala, como si lo que debe ser normal –la detención de delincuentes– fuera extraordinario. Quiere dar imagen de "firmeza". Y ha desplazado el foco del habitáculo del "diálogo" al terreno de la actuación de las fuerzas de seguridad.
Frente a lo que sueltan los repetidores de dicotomías simplistas, la democracia no se halla condenada a elegir entre dos opciones para acabar con el terror: el acoso de la Policía o la negociación política. Ese combate no se libra en exclusiva en el frente policial. Estábamos aviados. En el momento en que fallara la capacidad de impedir atentados, todo estaría perdido. Es precisamente por la imposibilidad de evitarlos siempre que llegan a justificarse las tentaciones claudicantes. La noble pretensión de que no haya una víctima más sirve de anzuelo para caer en la trampa de una negociación indigna. Y para que, a la postre, como ha ocurrido aquí, no sólo tengamos el deshonor, sino también la guerra.
El Gobierno reconoce que los terroristas quieren atentar, pero se niega a aceptar que se han reorganizado y rearmado aprovechando el "alto el fuego". Pues en ello tiene una responsabilidad. Una que elude con patéticas anotaciones como esa de que tales explosivos fueron "robados antes". Ya. O con declaraciones como las de Mesquida: la Policía ha trabajado contra ETA durante la tregua con "más intensidad" que nunca. Si eso es cierto, ¿cómo en vísperas del atentado en Barajas minimizaba él mismo los indicios y negaba todo peligro? El 26 de diciembre: "No tenemos datos que hagan pensar en un rearme ni que pueda existir un comando operativo en el interior". ¿Carecía de información a pesar del "intenso trabajo" o engañaba a la opinión pública? Y, cuidado, porque el mallorquín acaba de decir algo similar en El Mundo: "No tenemos localizado ningún comando operativo de ETA en el interior".
Las detenciones constituyen un éxito. Pero el salto cualitativo en la lucha antiterrorista se produjo en España al acompañar la actuación policial de un conjunto de medidas: desde el cumplimiento íntegro de penas –al que el PSOE se resistió largamente– hasta la ilegalización de los tentáculos de ETA. Todo ello redujo el poder del terror. Zapatero se dedicó a arrojar por la borda gran parte, si no toda esa herencia. Ahora se coloca y nos coloca en la tesitura que el IRA expresaba de un modo tan repugnante como contundente.