Bendita equidistancia. Yo aún estoy bajo el efecto de la primorosa equidistancia del PSOE ante el acoso que sufren diputados del PP por parte de los seráficos militantes de Stop Desahucios. Niños, eso no está bien, dijo Elena Valenciano, pero, cuidadito, que tampoco se puede "criminalizar a los movimientos sociales". Como siempre, la equidistancia sirve de tapadera. Es evidente dónde sitúa la diputada socialista el crimen: no en los que coaccionan a los cargos del PP, sino en los que censuran a los acosadores. Los primeros se propasan un poco, exceso justificable por el drama. Pero los segundos, ah, esos cometen un delito moral que no tiene perdón ni excusa. Arrojan basura sobre todo un movimiento social para hacerlo aparecer como una despreciable pandilla de borrokas.
A mí, desde luego, me da lo mismo que algunos de los de Colau hayan estado en actos a favor de los presos de ETA, que otros provengan del movimiento -¿social?- okupa o que militen en la extrema izquierda. No es por ninguna de esas razones por las que el escrache que practican es infame. Lo es por sí mismo y lo haga quien lo haga. Si lo hicieran las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que no lo harían, continuaría siendo intolerable. Tampoco es repulsivo el acoso porque sólo tiene como blanco a diputados del PP. En el caso de que mañana fueran a aporrear la puerta de Elena Valenciano, sería también repugnante. Un escrache igual para todos es tan odioso como el selectivo.
No hay muchas vueltas que darle: o esa clase de coacción es admisible y legal o no lo es y hay que impedir que se lleve a cabo y, si procede, detener a sus autores. Sin embargo, ni el Gobierno ni los partidos ni la opinión lo ven así de claro y de sencillo. El ministerio del Interior anuncia que les pondrá vigilancia a los amenazados, pero esquiva decir si hará algo contra los que amenazan. Tantos remilgos tienen su motivo. Y no es de ahora.
En España, contra lo que dice la leyenda, se tolera en alto grado la protesta que se extralimita, la incívica, la que pisa o traspasa la raya de la ley. Una tolerancia que es aún mayor, y ya se vuelve aplauso, cuando el blanco de las iras son las instituciones representativas o sus miembros. Es muy frecuente que unos agraviados irrumpan en plenos municipales e impidan que se celebren. En el Congreso, más de una vez y, la última, con la propia Colau al frente, se ha montado el número al grito de "¡asesinos!". Y lo peor no es eso. Lo peor es que los así interpelados se retiren medrosos, como si, en efecto, estuvieran ante la sagrada ira del pueblo.