La sentencia del TC sobre la declaración de soberanía del parlamento de Cataluña ha permitido que algunos realicen un tremendo descubrimiento. Sí señor, han descubierto el Mediterráneo. Han descubierto algo que siempre ha estado ahí: que la Constitución puede reformarse, y puede reformarse en su integridad, de la a a la zeta, siempre que se transite por los cauces reglados. Para bien o para mal, nuestra Constitución no dispone de cláusulas de intangibilidad, como tienen otras, de modo que es posible cambiarla de cabo a rabo y dejar a España, como quería Guerra, de tal guisa que no la reconozca ni la madre que la parió. Los que deseen, pongamos, que España se disuelva o se rompa en pedacitos o se haga república o cambie de nombre, han de emprender el camino para plantear una reforma de la Carta Magna.
Este "Elemental, querido Watson" se les ha venido diciendo por activa y por pasiva a los convocantes de un referéndum separatista en Cataluña. Lo ha dicho incluso aquel que menos habla del asunto, el presidente del Gobierno. Se les ha repetido así que no tiene cabida en la Constitución, y bien que lo saben, por lo que han de ajustarse a la ley y proponer una reforma como está mandado. "El pueblo de Cataluña", como acaba de recordar el TC, carece de “carácter de sujeto político y jurídico soberano”, por más que lo proclamen Artur Mas, la chavalada de la CUP y el parlamento autonómico. La soberanía reside en el pueblo español y ése es el único sujeto que puede modificar, si quiere, las reglas de juego vigentes.
Los descubridores del Mediterráneo no son, sin embargo, tan lelos como parece y se agarran como a un salvavidas a ese recordatorio que hace el TC de la reforma constitucional. ¡Es un asunto político!, declaman. El TC abre la puerta a la negociación política entre el Gobierno y Mas, prosiguen. Muy bien, vamos ya por el segundo gran descubrimiento, el de la sopa de ajo. Naturalmente que una reforma constitucional es un asunto político, ¿qué va ser si no?, y claro que se negocia políticamente, ¿de qué otra manera? Pero que sea un asunto político no significa que uno pueda saltarse la ley alegremente, aunque ésa, me temo, es la pretensión que subyace en las declamaciones. Estamos ante la peregrina idea de que la legalidad y la política discurren por caminos distintos, de que las ataduras de la ley se pueden romper de cualquier modo si hay voluntad política.
Es tan cierto que las leyes pueden cambiar si existe voluntad política, que eso sucede de continuo. Pero no se cambian sin respetar las ataduras. La sentencia del TC afirma del derecho a decidir que se trata de "una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional". No vale quedarse con la "aspiración política" y tachar el resto. Aún va dicho de otra manera en la sentencia:
(…) si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (arts. 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.
Luego podrá rechazarla o aprobarla, elemental. Esa es la vía legal, leal y seria que ha estado ahí todo el tiempo. Es la vía que Artur Mas y los suyos rehusaron tomar desde el principio para meterse en la callejuela de la tensión y el chantaje. El respeto a la ley no entraba en sus planes.