Nadie sabe ya en España qué significa estar imputado, y mira que hay imputados a porrillo. Sin embargo, cuantos más políticos imputados hay, menos se entiende el concepto. Los legos en derecho pensábamos que a un individuo le imputaban cuando había indicios de delito, por decirlo en sermo vulgaris y no en frondosa jerga jurídica. Pero esta prosaica suposición de barra de bar se nos ha venido abajo desde que el Supremo ha llamado a declarar como imputados a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, el uno senador, el otro diputado, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía, a raíz de que una juez de Sevilla los implicara en la trama de los falsos ERE.
Los propios imputados, los señores Griñán y Chaves, rechazan con toda energía que hayan sido imputados. Lo del Supremo, aseguraron en una nota, no es auto de imputación ni contiene ningún indicio racional de criminalidad. El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, parece estar de acuerdo. "No pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado, por lo tanto no significa a día de hoy todavía nada". Por ir aclarando ideas, hemos descubierto que existen, de momento, dos clases de imputaciones: las imputaciones de delito y las imputaciones pero no de delito. De todo lo cual se deduce que hay imputados de distintas clases, que unos son más imputados que otros y que hay algunos que son imputados porque no pueden ser otra cosa.
En este galimatías se ampara el PSOE de Pedro Sánchez para no entrar en la federación andaluza con la orden de desalojo que llevó con expeditivos modos a la de Madrid. Porque la de Tomás Gómez fue una especie de destitución preventiva: por si le imputaban por lo del tranvía. Quiso dar ahí la Ejecutiva, en la persona de Invictus, una lección de ejemplaridad, exhibiendo mano dura con los posibles, potenciales, supuestos, presuntos implicados en casos de corrupción. O así lo quiso presentar. Ya es mala suerte que sólo seis días después cayeran las imputaciones de Griñán y Chaves, que no significan nada, pero son significativas, y se demostrara que las pretensiones ejemplarizantes de Sánchez, si no eran puro envoltorio, tienen su límite en Despeñaperros.
Salta a la vista, por lo demás, la esencial diferencia entre el caso de Gómez y los de Chaves y Griñán. El PSM iba de pena en las encuestas, y el PSA no va mal. No hay ningún motivo de peso para obligar a los dos expresidentes de la Junta a dejar sus escaños, y mucho menos para entrar con la escopeta en territorio de Susana Díaz. Porque ella, aunque los imputen a todos, puede mantener el feudo.