Dicen las crónicas que el presidente del Gobierno va a intentar que el asunto catalán no entre en la campaña de las generales. A buenas horas, porque ya ha entrado. La prueba de que ha entrado es que Rajoy convocara a La Moncloa a los dirigentes de PSOE, Ciudadanos y Podemos para hablar precisamente de ese asunto. No sólo es lógico e inevitable que la manera de encarar el desafío separatista entre en campaña: sería del todo improcedente, hasta escandaloso, que no fuese materia crucial en ella. ¿Cómo no va debatirse en la campaña para elegir Parlamento y Gobierno un desafío tan grave al orden constitucional y a la soberanía nacional? Los españoles tenemos que votar sabiendo qué propone cada uno de los partidos para impedir la quiebra de ese orden y la ruptura de nuestro país. O si, por el contrario, están a favor de la secesión hacia la que avanzan las instituciones catalanas.
Es posible que la discusión se centre ahora en las formas, y ciertamente las formas son importantes, sobre todo las formas de actuar ante la rebelión institucional en Cataluña. Bueno sería que esas formas fueran acordadas entre el partido del Gobierno y las otras fuerzas políticas relevantes. Y aún mejor que, tal como propone Ciudadanos, hubiera un claro compromiso de no pactar con quienes están rompiendo las normas de convivencia. Pero hay que contar con que ese compromiso, que vincularía a los firmantes durante la próxima legislatura, no se logre. En previsión de un Parlamento fragmentado, habrá partidos -estoy pensando especialmente en los dos grandes- que no quieran atarse las manos de ese modo.
Sea como fuere, ya juntos, ya por separado, los partidos políticos, y el Gobierno en primer lugar, deben ser conscientes de que tienen que hacer frente a mucho más que a la propuesta de declaración de independencia presentada en el Parlamento catalán. La cuestión no empieza ni acaba con ese papel que está ahora en trámite. Qué más quisiéramos que sólo fuera eso: una declaración que se impugnará ante el Constitucional cuando se apruebe y, como es previsible, se considerará nula. Pensar que eso es todo y que el proceso separatista se frena en el instante en que se invalide la tal declaración es no pensar.
Basta echar la vista atrás. A lo sucedido con la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán en enero de 2013. El TC la anuló y ahí, en apariencia, acabó la historia. Pero el TC no anuló ni podía anular las actuaciones del Gobierno catalán que se derivaron de aquella declaración o la acompañaron. Sencillamente no se impugnaron ni se recurrieron ni se paralizaron actos de la Generalidad y de otras instituciones catalanas, como no pocos ayuntamientos, que ya las situaban fuera del marco de sus competencias y fuera del marco legal.
¿Cómo es posible que el Gobierno catalán creara un organismo dedicado a diseñar las estructuras de un futuro Estado catalán, como el Consejo Asesor de la Transición Nacional, sin que nadie, desde las instituciones del Estado, pusiera pega alguna? ¿Cómo se admitió que la Generalidad empleara recursos públicos para financiar su empresa de voladura del orden constitucional? ¿Cómo se aceptó que el Gobierno catalán hiciera campaña por el mundo adelante para conseguir el respaldo de gobiernos extranjeros a la secesión? Estos son los casos más notorios, pero hay muchos más. El hecho es que las principales instituciones catalanas han venido funcionando como instituciones de un Estado separado de España –y hostil a ella–, y que no se ha movido un dedo.
Este es el problema. La declaración es sólo la punta del iceberg. A pesar de que el resto es bien visible, se ha preferido mirar hacia otro lado. Se ha dejado hacer. El proceso separatista no empieza ahora ni empezará con la declaración del parlamento. La república catalana –¿acaso podrían crear una monarquía?– ya lleva dos años en rodaje.