El separatismo catalán ha trasladado parte de sus operaciones a Bélgica, y esto ha tenido dos consecuencias. La primera es que la Justicia belga debe ocuparse de los cesados y procesados Puigdemont y acompañantes, que huyeron de la Justicia española. La segunda es que han entrado en la materia, con poco tino o mucho desatino, políticos belgas de distintos partidos, incluidos miembros del Gobierno. Este segundo efecto, más político y mediático, es el que parece preocupar en España, pues no se duda aquí de que la Justicia belga actúe como corresponde a la Justicia de un Estado democrático integrado en la Unión Europea. Nosotros damos por supuesto en Bélgica aquello que esos políticos belgas no dan por supuesto en España.
Nada tiene de sorprendente que los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca defiendan a los secesionistas catalanes. Si no son uña y carne, como si lo fueran. Tampoco se distinguen en su grado de exaltación. La diferencia, tal vez, es que el nacionalismo catalán ha venido gozando, en ciertos medios europeos, de una presunción de respetabilidad democrática superior a la del nacionalismo flamenco. Pocos dejan de ver los rasgos xenófobos de estos últimos, mientras que el separatismo catalán ha tenido más éxito en su encubrimiento. La seguridad de contar con el respaldo de un partido nacionalista que forma parte de la coalición de gobierno habrá sido un buen motivo para que los cabecillas del golpe decidieran plantarse en Bélgica y, no, por ejemplo, en Francia.
Los nacionalistas de Jan Jambon, vicepresidente y ministro del Interior, no son los únicos políticos belgas que han sembrado sospechas sobre la actuación española. Lo han hecho el socialdemócrata y ex primer ministro Elio Di Rupo, el exministro de Exteriores y liberal Karel De Gucht y hasta el liberal Guy Verhofstadt, que está fuera de la política belga pero dentro de la europea: preside el grupo ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas por Europa) de la Eurocámara, grupo del que forma parte el partido antes conocido como Convergencia Democrática, y en el que están también los eurodiputados de Ciudadanos y UPyD.
Más allá de que alguno haya recurrido al tópico "autoritarismo franquista", todos han cuestionado la procedencia o la oportunidad de que la juez Lamela dictara prisión provisional para los ex del Govern que se quedaron en España. No lo discuten desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista político. Están en la letanía, que también se oye aquí, de que no hay "soluciones penales" para un "problema político". Como si lo penal fuera una solución y no una consecuencia: la consecuencia de infringir la ley, de infringirla nada menos que para romper un país y su orden constitucional, y de dar, por tanto, un golpe. No sé, puede que ignoren la auténtica dimensión de lo que han hecho esos políticos procesados para los que piden una inusual clemencia. Seguro que la labor comunicadora del Gobierno español no ha contribuido a que tengan mejor conocimiento.
Hay una ignorancia, sin embargo, de la que no se puede responsabilizar a la deficiente capacidad del Gobierno Rajoy para explicar la enormidad de los actos cometidos por el cesado y medio prófugo Gobierno catalán. Es la ignorancia sobre el nacionalismo. Esa es la ignorancia principal, y más inquietante, que se plasma en la actitud de los políticos que acabo de citar, y algunos otros. Es inquietante porque unos políticos europeos, de partidos europeístas, tienen que preocuparse grandemente ante cualquier brote del nacionalismo en cualquier lugar de Europa. Porque unos políticos que defienden la nación de ciudadanos, y no la nación identitaria, han de alzar la voz para condenar cualquier intento de acabar con la primera e imponer la segunda. Y porque unos políticos que creen en la democracia deben ser conscientes de la amenaza que supone el nacionalismo para los valores democráticos.
Estos años posteriores a la crisis, con el surgimiento de nacionalismos populistas o populismos nacionalistas en Europa, no han bastado, por lo visto, para abrir los ojos. Para comprender que el avance de esos movimientos pone en peligro el tejido democrático no sólo de cada uno de los Estados afectados, sino de toda la Unión. Esa toma de conciencia está por hacer. Y España tiene que ayudar a que se haga. El traslado a Bruselas de parte de las operaciones del separatismo catalán, en lugar de preocuparnos por el qué dirán, deberíamos tomarlo como una oportunidad.
El ex ministro de Exteriores belga, el liberal Karel De Gucht, dijo que el problema del separatismo catalán es "demasiado simple decir que se trata de un asunto interno" de España, y exigió un pronunciamiento de la UE. Lo dijo para criticar que se encarcelara a los golpistas, pero, sí, tiene razón: no es un asunto interno de España. Es un asunto interno de la Unión. Es hora de que la Unión recuerde que el proyecto europeo se ha construido contra los nacionalismos. Es hora de que se dé cuenta de que los nacionalismos son los que pueden destruirlo. Es hora, en fin, de que deje la tibieza y respalde la actuación de España contra el golpe a la legalidad democrática de uno de los nacionalismos más virulentos de Europa.