Cuando uno descubre que hay un incendio en su casa no llama a una empresa de prevención de incendios para que diseñe una nueva instalación. Como dijo Disraeli, lo primero que uno hace, salvo que uno sea un lunático, es llamar a los bomberos. Esto, así dicho, parece lo sensato y además lo es. Sin embargo, hay no poca gente en España que quiere convencer al público de que para apagar el incendio del independentismo catalán es preciso diseñar una nueva instalación: una reforma constitucional.
El PSOE viene propugnando ese rediseño desde que lo convirtió en la fórmula para conjugar el apoyo del PSC al derecho a decidir en Cataluña con la defensa del orden constitucional en el resto de España. En qué consistiría exactamente es cosa que todavía no han logrado poner negro sobre blanco. Sea como fuere, poca duda hay de que el objeto del proyecto socialista es ofrecer al nacionalismo catalán un nuevo y cómodo sofá para ver si se baja del carro independentista. Como ese propósito no resulta del todo presentable en sociedad, han argüido que cambiar la Constitución sería enormemente beneficioso para que los españoles recuperasen la confianza en el sistema político.
Bajo unas u otras argumentaciones, la reforma constitucional es traída a escena en cada ocasión más o menos crítica, como ha sido sin ir más lejos el 9-N. Se diría que hay un grupo de interés decidido a colocar la tal reforma como panacea, y tanto para el asunto catalán como para el resto de los problemas de España. Problemas, por cierto, cuya extrema gravedad no se detectó durante los primeros veinte años de vigencia de la Constitución, sino sólo a raíz de la crisis económica, es decir, desde 2008.
Yo no sé si los que presionan por su reforma están poseídos por lo que Ruiz Soroa ha llamado el "fetichismo constitucional", una patología que se ha dado con alguna frecuencia en España, donde se han hecho y deshecho Constituciones en la creencia de que "los problemas que el proceso político cotidiano no era capaz de tratar eficazmente" los solucionaría como por arte de magia la reescritura del texto constitucional. En lugar de dedicarse a paliar los problemas, todas las energías políticas se desviaban hacia el diseño de la nueva Constitución, y así hasta la crisis siguiente, en la que se reproduciría el proceso.
No lo sé, decía, pero parece evidente que los promotores de la reforma constitucional sí pretenden que la opinión pública crea que es el ungüento amarillo. En épocas de crisis profundas siempre hay público para los que ofrecen remedios drásticos y soluciones definitivas, sobre todo si suenan fáciles. Y, sí, es más fácil cambiar una Constitución que cambiar los comportamientos políticos. El pequeño detalle es que la mayor parte de las disfunciones existentes procede de los segundos.
Aunque presenten la reforma como el elixir curalotodo, y en realidad precisamente porque lo hacen, el principal propósito de tal proyecto es resolver el problema catalán. Y eso sólo se conseguiría si se le ofrece al nacionalismo secesionista una fáctica independencia de Cataluña, de tal manera que no les haga falta proclamar, al menos durante un tiempo, la independencia. Claro que esto no es ni una reforma ni una solución. Se parece mucho a una disolución.