Se dice constantemente que Podemos acertó en el diagnóstico de los problemas españoles, y que por eso subió como la espuma. Yo no lo creo. En lo que acertó, siendo benévolos, fue en percibir cómo quería resolver los problemas una parte de la sociedad española: con una gran barrida. Con una barrida de políticos, partidos, normas, instituciones, y de todo aquello que durante tres décadas no había suscitado grandes quejas ni incitado a los ciudadanos a ejercer mayor control. Huelga decir que lo difícil no era dar la razón a los repentinos fans de las demoliciones, sino explicar que no la tenían. Pero son contados los políticos que hacen las tareas complicadas y van contracorriente.
Ese estado de ánimo propicio al derribo y a la cuenta atrás alentó la aparición de un sinfín de grandes remedios para los grandes males. En estos años han desfilado por el escenario panaceas como procesos constituyentes, reformas constitucionales, nuevas leyes de partidos, nuevas leyes de financiación de partidos o nuevas y siempre más estrictas -e igualmente ineficaces- normas contra la corrupción. Algunos de estos elixires políticos tuvieron sus quince minutos de fama, y volvieron a la oscuridad. Otros siguen entreteniendo al respetable. Y unos terceros aparecen y desaparecen de modo intermitente. Es el caso de la reforma del sistema electoral, que primero fue bandera de partidos minoritarios y luego, con la fragmentación del voto a la vista, empezó a tentar a los mayoritarios.
El verano pasado fue el Partido Popular el que se lanzó a proponer, a meses de unas municipales, un cambio para que gobernara por ley en los ayuntamientos la lista más votada. No llegó a concretar procedimientos y ante la falta del mínimo consenso necesario para modificar esa regla del juego archivó el asunto hasta mejor ocasión. El PSOE puso entonces el grito en el cielo y habló de "pucherazo", pero ahora, cosas veredes, es este partido, por boca de Susana Díaz, quien ha descubierto las virtudes de que gobierne la lista más votada, y dice que lo más requetedemocrático y tal es que los alcaldes, los presidentes autonómicos y hasta el presidente del Gobierno sean elegidos directamente en una segunda vuelta si ningún partido obtiene la mayoría absoluta.
Para que no falte nadie en la fiesta, el presidente de Extremadura vuelve a la carga con su proyecto, esta vez empaquetado como referéndum para que el pueblo decida si quiere que haya segunda vuelta, que gobierne la lista más votada o, ya puestos y por añadir confeti, que lo hagan los primeros que figuren en la guía de teléfonos. A este paso caótico, se subirán al carro otras autonomías deseosas de diseñar, por fin, un país con diecisiete sistemas electorales diferentes. Pero antes, o sea ahora, sería bueno que los partidos y sus barones se aclararan. ¿Quieren un sistema decididamente mayoritario u otro más proporcional que el existente? ¿Quieren un sistema presidencialista, como indica esa segunda vuelta que preconizan, o un sistema parlamentario?
Porque igual están tocando de oído. Peor aún: quizá no saben lo que quieren, aparte de facilitarse la llegada al gobierno y regalar los oídos de posibles socios. Sea como fuere, ni el sistema electoral es una varita mágica capaz de mejorar la calidad de un gobierno ni hay sistema electoral sin desventajas. Cambiarlo no es, como pretenden, el santo remedio para la desafección y la corrupción. Menos aún si la cosa va, como va, de hacer chapuzas al tuntún.