Quien piense que los límites de la libertad de expresión los marca el Código Penal no vive en nuestro tiempo. Un código no escrito establece hoy tanto lo que debe de decirse, como, de un modo más inflexible aún, lo que no puede decirse. La defensa de la libertad de expresión no significa, desde luego, que haya de defenderse cualquier cosa que se diga. Sin embargo, esas nuevas tablas de la ley que aplican unos jueces ostentosamente indignados, nada tienen que ver con la crítica que ha sustentado siempre el debate en las sociedades plurales. Ya no se exponen argumentos: se promulgan excomuniones.
No sería justo introducir en el mismo saco las declaraciones que, días atrás, causaban escándalo y, menos, a sus autores: el alcalde de Valladolid y los escritores Sánchez Dragó y Pérez Reverte. Sus cuestionadas palabras podían e incluso debían de recibir críticas. Pero la reacción que desataron no fue de esa naturaleza. Se les trató, prácticamente, como si fueran psicópatas criminales que han de ser expulsados de la sociedad, recluidos de por vida en un reformatorio y sometidos allí a alguna terapia dura. Descontada la leña política al uso, ése es el modus operandi del fenómeno conocido como "corrección política".
Nacida en los campus estadounidenses, fruto de la conversión en rígida ortodoxia de las actitudes heterodoxas de los sesenta, esta forma de intolerancia institucionalizada ha sido definida como una suerte de "totalitarismo blando". De hecho, su precedente –de ahí la denominación– se encuentra en la fidelidad a la línea del partido y su propósito es idéntico: suprimir la disidencia. Persigue eliminarla de raíz, en el pensamiento, y se funda en un sistema represivo. Castiga a los que se desvían de las opiniones "correctas" y atemoriza a quienes puedan sentir la tentación de hacerlo. No por azar fue Orwell, pionero en escudriñar los engranajes totalitarios, quien anticipó sus rasgos esenciales. El lenguaje políticamente correcto es un newspeak.
Tras el hundimiento de sus referencias ideológicas tradicionales, la izquierda ha refugiado su pretendida superioridad moral en el baluarte de la corrección política. Desde allí vigila la conformidad a sus cánones y dictamina la muerte civil de los transgresores. Nada se escapa de ese Gran Hermano, ni dentro ni fuera de la política, pues no hace distinción entre lo público y lo privado. Prepárense. Esta nueva tiranía nos ha llegado con retraso, pero está aquí para quedarse.