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Daniel Rodríguez Herrera

Amazon.es y el precio fijo del libro

Amazon podría triunfar en nuestro país si la ley no le impidiera hacer los enormes descuentos que tan bien conocemos quienes compramos en sus tiendas en Estados Unidos y el Reino Unido.

Uno de los países donde más natural parecería que se expandiera el negocio de Amazon es España, pero oiga, que no hay manera. El dominio está comprado desde 1999, pero cabe suponer que sólo para que no se lo birlen y monten en él una página de señoritas ligeras de ropa. Lo natural es preguntarse la razón. Un Amazon en español con centros logísticos en nuestro país e Hispanoamérica tendría un enorme mercado potencial. Nuestro país es la cuarta potencia editorial del mundo. Hubo varios proyectos de aprovechar la ausencia de la compañía de Jeff Bezos en España, pero datan de la burbuja y ciertamente se comportaron como las empresas de la época, gastando dinero a manos llenas e ingresando poco. Aún se recuerda la campaña publicitaria de Diversia, que comenzó ¡antes de que funcionara la página! Actualmente lo que tenemos son las tiendas online de las grandes librerías –como la Casa del Libro o El Corte Inglés– que, desde luego, carecen de la calidad, comodidad y buen precio del gigante norteamericano del comercio electrónico.

Las razones para al ausencia de Amazon en nuestro mercado son muchas. No somos un país amigo del comercio electrónico, aunque sea cada vez más común ver en las oficinas de correo los paquetes con sonrisa de la empresa de Bezos. Tampoco es que seamos muy proclives a eso de la lectura, motivo por el cual se ponen en marcha regularmente ridículos planes ministeriales para fomentarla, que fracasan, lo que no impide que lo vuelvan a intentar porque, claro, el dinero público no es de nadie. A pesar de ello, Amazon podría triunfar en nuestro país si la ley no le impidiera hacer los enormes descuentos que tan bien conocemos quienes compramos en sus tiendas en Estados Unidos y el Reino Unido.

Normalmente, las restricciones al mercado existen porque un grupo de presión exitoso ha logrado convencer a la administración de la necesidad de las mismas. El Estado, como explicó genialmente Carlos Rodríguez Braun, no redistribuye de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Generalmente, claro está, estos lobbys no suelen actuar nunca exponiendo de forma clara y cruda su propio interés, habitualmente pecuniario. Con respecto a los libros, los principales beneficiarios son los editores, pero ponen la excusa de la pequeña librería "portadora de la cultura" para intentar convencer a los incautos, y vaya si lo consiguen.

La economía básica nos enseña que rebajar el precio de un bien permite que se venda más, de modo que si realmente se quisiera fomentar la lectura –tal y como nos aseguran que hará la nueva Ley del Libro– nada mejor que liberalizar su precio, permitiendo a las librerías aplicar el descuento que gusten. Así nos harían un favor a los consumidores de libros, que podríamos ahorrarnos nuestro buen dinero, que en algunos casos se gastaría en otras obras que a los precios actuales no habríamos adquirido. Eso, desde luego, se entiende perfectamente desde el Ministerio, pues cuando un grupo de presión mayor –las autonomías– es quien tiene que costear en parte o totalmente los libros de texto, curiosamente, y pese al sin duda enorme daño que hará a las pequeñas librerías y por tanto a la "cultura", según sus argumentos, han decidido acabar con el precio único de los mismos.

La edición y la remuneración al autor suponen aproximadamente la mitad del precio que pagamos por un libro. Una librería online como Amazon tendría, por tanto, un espacio enorme para hacer grandes descuentos que compensaran los gastos de envío y aun así obtener beneficios y reducir el precio final al cliente. Una tienda virtual de la calidad técnica de Amazon, con sus recomendaciones generadas por las opiniones y las compras de los clientes, posiblemente haría más por fomentar la venta de libros poco conocidos de editoriales pequeñas que todos los inútiles planes de lectura de todas las administraciones públicas. Pero que no se nos olvide que el Estado lo hace por nuestro bien, como siempre.

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