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El día sin móvil

Cuando en agosto del año pasado El País inició una indignada campaña porque Movistar hubiera pasado a calcular sus tarifas por bloques de medio minuto en lugar de hacerlo por segundos, el Gobierno decidió hacer una ley para obligar a todas compañías de telefonía móvil a cobrar de la misma manera, la que antes tan sólo empleaba la empresa de Telefónica. Y todo porque, según el diario de Prisa, "una regla fundamental en la llamada economía de mercado es que los ciudadanos deben pagar por los servicios que obtienen; ni más, ni menos". Desgraciadamente, no fueron nada coherentes con sus propios editoriales y siguieron sin permitir a sus lectores pagar sólo por las páginas de su diario que realmente leen; ni siquiera les permitieron no pagar por los suplementos dominicales que muchos tiran directamente a la basura. Será que la única regla "de la llamada economía de mercado" que siguen es la ley del embudo.

La consecuencia de dicha ley era previsible y, efectivamente, ha llegado. Movistar, Vodafone y Orange tarificarán por segundos, sí, pero aumentarán los precios para seguir cobrándonos más o menos lo mismo de siempre. La primera en anunciarlo ha sido la operadora de Telefónica, pero las otras dos han aclarado que se piensan sumar al aumento. El establecimiento de llamada subirá de 12 a 15 céntimos (pero sin cobrar el primer minuto) y el precio por segundo, sumados 30, también sube con respecto a los bloques que cobraban antes. Las compañías aseguran que no prevén aumentos en sus ingresos con estas subidas, pues lo que hacen es compensar el cambio en el modo en que cobra. De modo que todos aquellos que se tiraban de los pelos porque "se estaba cobrando por un servicio que no se daba" digo yo que ahora estarán muy satisfechos. Pues no.

Evidentemente, eso de que las tarifas debían medirse en segundos era una excusa: los que pedían el cambio lo que querían era pagar menos. Pensaron que una ley obligaría a bajar los precios, y ahora están enfadados no con su propia estupidez, que sería lo lógico, sino con las operadoras, que resulta más satisfactorio para su ego. De modo que han empezado a enviar mensajes de correo electrónico en cadena pidiendo que nadie utilice el móvil el próximo 1 de marzo, día en que entra en vigor tanto la ley como las nuevas tarifas. El objetivo es "enviar una señal" a Movistar, Vodafone y Orange. Es decir, suponen que los gestores de estas empresas son tan idiotas que no saben que sus clientes prefieren pagar menos.

Los precios son señales de una realidad económica subyacente, y aunque una ley pueda obligar a cambiarlos, esa realidad no varía, y se manifiesta de alguna otra manera. Por ejemplo, si el Gobierno de Zapatero tuviera la ocurrencia de fijar precios máximos pagaríamos menos, pero recibiríamos un servicio de peor calidad. Las antenas se estropearían con más frecuencia y el servicio de atención al cliente sería aún peor de lo que ya es, por poner dos ejemplos. Se podría pensar que simplemente evitaríamos así las consecuencias de un oligopolio, pero lo cierto es que no parece existir un campo excesivamente amplio para las reducciones de precios. España es un país con una población bastante dispersa y que requiere por tanto de mayores gastos en infraestructura que otros países europeos en los que la telefonía móvil es mucho más barata.

Eso no quiere decir, claro, que una mayor competencia no pudiera hacer que los precios bajaran algo. El operador Yoigo (el antiguo Xfera) ha anunciado que mantendrá sus tarifas al pasar a tarifar de medio minuto a un segundo. Quizá todos esos que quieren "enviar una señal" lo harían mucho mejor si, en lugar de lloriquear y quejarse como nenazas, se limitaran a algo tan simple como cambiarse de operador. Entonces sí que algunas empresas podrían empezar a preocuparse.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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