El País, La Coalición y el P2P

La RIAA, la SGAE estadounidense, ha decido dejar de demandar a los internautas que se descargan canciones. 35.000 denuncias desde 2003 son el fruto de una estrategia que han abandonado al encontrar una vía mucho mejor. De nuevo, en asuntos de control de los ciudadanos hemos sido los europeos los que les hemos dado la idea: el sistema de avisos de Sarkozy. De este modo, quienes compartan en la red material protegido serán advertidos por sus proveedores de internet para finalmente ser desconectados de la red si reinciden.

Los proveedores parecen dispuestos a colaborar porque de este modo se libran de las demandas por parte de la RIAA en las que se le exige dar a conocer la identidad de sus clientes más pillines, así como de éstos por dar sus nombres sin su consentimiento. Además, reducirían el tráfico en sus redes, aunque el P2P les suponga cada vez un problema menor; ahora es el vídeo perfectamente legítimo de Youtube y similares lo que más hace crecer las necesidades de ancho de banda. Por otra parte, está por ver si este acuerdo lo firman todas las operadoras o sólo algunas, dando a los internautas la opción de elegir la que mejor les trate.

En España, La Coalición se ha saltado casi por completo el paso de demandar a los internautas, dado que la ley aquí no les permite tantas facilidades, y han pasado directamente a negociar con las operadoras. Según cuenta El País, que de estos asuntos liberticidas cabe considerarle bien informado, las entidades de gestión de derechos de autor están cerca de cerrar un acuerdo con Redtel, la asociación que engloba a los proveedores de internet que cuentan con red propia (Telefónica, Vodafone, Ono y Orange), para implementar el sistema de avisos en España. Las operadoras lo desmienten, aunque admiten que han tenido "contactos" con todas las partes implicadas, incluyendo también al Gobierno y las asociaciones de usuarios, porque lo consideran "un problema" que debe "solucionarse entre todos".

Sería un acuerdo privado, que luego el Parlamento sancionaría legalmente, según el cual los proveedores emplearían la capacidad que le otorgan nuestros contratos con ellos para monitorizar el uso que hagamos del servicio que nos ofrecen y cancelarlo si lo estamos empleando para "usos contrarios a la ley", según aseguraba Javier Ribas en elpais.com hace pocos días. Ya en una mesa redonda en la feria FICOD 2008, en noviembre, La Coalición daba por hecho el acuerdo, aunque la directora general de Redtel, Maite Arcos, lo negaba.

De seguirse esta solución, todos excepto los internautas ganarían algo, al menos al principio. Se reduciría el tráfico P2P, que quedaría posiblemente limitado a quienes no descarguen todo el día y tengan la capacidad suficiente como para configurar los programas que usan para disfrazarlos y que parezcan otro tipo de tráfico. Las entidades de gestión quedarían satisfechas por la reducción de la piratería, pensando que así se venderá más (pobres ilusos), el Gobierno le habría hecho un nuevo favor a los zejateros y las operadoras verán reducidos sus costes. Además, al estar sancionado por ley, los proveedores de acceso a internet se evitan el riesgo de que alguien se salte el acuerdo y se lleve a los usuarios descontentos, que es lo que terminaría ocurriendo.

Pero mal que les pese, será una solución parcial y temporal. En cuanto los programadores averigüen qué comportamiento es el que detectan los proveedores de acceso para enviar los avisos, modificarán las aplicaciones con que accedemos a las redes P2P para que adopten otro. Comenzará un juego del gato y el ratón que entorpecerá, pero no impedirá, que se compartan ficheros en internet. Pero en el camino se habrá comenzado a regular internet. Y todo camino de servidumbre se sabe cuándo empieza, pero no dónde acaba.