A estas alturas del siglo XXI, quizá la mayor sorpresa que ha deparado el debate sobre el aborto haya sido el protagonismo que ha cobrado la eliminación del supuesto de aborto eugenésico en el proyecto de ley de Gallardón, uno de los centros principales de crítica, especialmente dentro del propio PP. Sorpresa porque este supuesto supone un ataque frontal a varios mantras más o menos progresistas que se diría que son compartidos por todo el espectro político español.
Llevamos varios años aprendiendo que los discapacitados de todo tipo no son inferiores sino meramente distintos. Celebramos que un actor con síndrome de Down gane una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, y que un rapero con parálisis cerebral gane dos premios Goya. Censuramos a quien se le ocurra utilizar la palabra minusválido; ¡no digamos ya subnormal! Y sin embargo parece que todo esto desaparece del debate en cuanto se habla del aborto. Ahí es perfectamente lícito considerar inferiores a los niños que están por nacer si padecen alguna enfermedad o sus genes los convierten en discapacitados.
Tenemos tal sentimiento de inferioridad que todo lo que viene de fuera ha de ser de por sí superior a lo propio. Sacralizamos a la Unión Europea, al Tribunal de Derechos Humanos, a la ONU; todo lo que digan es palabra de Dios, ahora que el Altísimo no tiene palabra en los asuntos públicos. Pero uno de los problemas de los argumentos de autoridad es que nada garantiza que la autoridad en cuestión no vaya a contradecirte en algún momento. Y como firmamos un convenio de Naciones Unidas que prohíbe la discriminación a los discapacitados, un comité de la ONU que se encarga de vigilar su aplicación nos recomendó que se suprimiera la distinción que hace la Ley Aído, en vigor, y que amplía el plazo de 14 a 22 semanas por motivos de discapacidad. Digo yo que si la ONU es buena y se usa para legitimar tu postura, en este caso habría al menos que explicar por qué no se le hace caso. Y que si se emplea un dictamen de un organismo internacional para soltar etarras y violadores a la calle, ¿cómo desobedecer otro que pide no discriminar a los discapacitados?
Quizá la clave esté en la propia sentencia del Tribunal Constitucional que en 1985 sancionó los supuestos por los que se podía abortar en España. El texto justificaba la eugenesia bajo el argumento de que prohibirla supondría la "imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia".
Porque podría ser simplemente que somos unos hipócritas de tomo y lomo, que decimos de boquilla que sí, que los discapacitados son iguales en todo y apoyamos que el dinero público, que no es de nadie, haga compatibles las aceras con las sillas de ruedas, y que los empresarios, que son unos ricachones sin escrúpulos, sean obligados a contratar discapacitados; pero, ay, a la hora de la verdad, cuando nos puede tocar de cerca, entonces entendemos que no se puede exigir a nadie que críe a un niño que, bueno, en fin, igual resulta que no es tan igual después de todo.
Naturalmente, existen casos extremos de malformación que nada tienen que ver con la eugenesia, como los que impedirían a un niño sobrevivir tras el parto. Pero eso sigue contemplado en el criticado proyecto de ley de Gallardón y no parece ser el blanco de las críticas. De modo que sigo sin entender cómo esto se ha convertido en el centro del debate. O lo entiendo demasiado bien. Quizá Cifuentes, Valdeón y la izquierda toda encuentren justificable la eugenesia. Pero no lo es. Es comprensible, que no es lo mismo.