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Columna publicada el 05-06-2005
Han pasado casi tres años desde que hice un par de recomendaciones para el fomento del registro de dominios .es. Parece que por fin algo de sentido común ha llegado a las cabezas pensantes del gobierno, que eliminará buena parte de las restricciones exigidas para conseguir esos dominios y reducirá su precio, aunque no lo suficiente.
A partir del 7 de junio empezará un interesante periodo de transición. En primer lugar, las distintas administraciones y organismos públicos tendrán un mes para registrar un dominio .es con su nombre. Después serán las empresas, asociaciones y fundaciones quienes tengan esa oportunidad. A partir de ahí, los dominios se otorgarán al primero que lo pida, sin demasiadas restricciones en cuanto al nombre, aunque Red.es se reserva cierto grado de arbitrariedad a la hora de rechazar una solicitud si ésta vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre. Quitando estos casos, la administración se limitará a dirimir posibles conflictos en los casos en los que se denuncie a un "ciberokupa" que, por ejemplo, haya reservado el dominio con el nombre de una empresa ya existente o una marca registrada anteriormente.
No obstante, los precios, pese a reducirse notablemente (de 95 a 32 euros según las estimaciones del gobierno), aún no están lo suficientemente cerca de los que actualmente tienen los dominios genéricos como el .com. No hay que buscar mucho para encontrar ofertas de dominios a 10 euros o menos, y no parece que el precio de los dominios españoles se vaya a reducir tanto como para poder competir en igualdad de condiciones. Resulta complicado que las previsiones de llegar a los 400.000 dominios .es en cuatro años se cumplan, a no ser que se emplee la aritmética creativa tipo Constantino Méndez.
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.
Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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