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Columna publicada el 05-08-2002
El congresista demócrata Howard Berman, electo en la patria chica de los derechos de autor, California, y defensor habitual de las tesis los estudios de cine, ha dado una vuelta de tuerca más a la persecución de la piratería. Tras los cierres de dos sistemas centralizados como eran Napster y Audiogalaxy y las dificultades que le están haciendo pasar a Kazaa, ahora la atención se centra en las llamadas redes P2P (Peer To Peer).
Éstas son redes entre iguales. En las más puras, como GNUTella o Blubster, todos los ordenadores de la red se comportan a la vez como clientes y como servidores. Tradicionalmente los usuarios utilizaban programas cliente, que se conectaban a un servidor e le informaban de los archivos que tenían para compartir, de modo que todos buscaban en el servidor los ficheros que les interesaran. En este modelo, cada ordenador conoce la existencia en la red de algunos más, a los que transmite su búsqueda. Éstos, a su vez, se comunican con los ordenadores para repetírsela y así sucesivamente. Este sistema tiene una desventaja considerable, y es el ancho de banda empleado para sostenerlo. La ventaja, por supuesto, es que no existen servidores que cerrar, de modo que los abogados no tienen a quien empapelar.
La propuesta del congresista consiste en poner en manos de los propietarios de derechos de autor diversas armas. La primera se ha empleado ya y resulta completamente legítima: es la inclusión de ficheros con el nombre de una canción famoso, o una película recién estrenada, cuyos contenidos no sean los que el usuario espera. De hecho, no creo que sea necesaria aprobar ninguna ley, puesto que la mala leche aún no es delito, que se sepa.
Sin embargo, la polémica que la propuesta ha desatado es debida a que las compañías tendrán permiso para infiltrarse en los ordenadores de usuarios que se sospeche que se dedican al trapicheo de material protegido. Y podrán introducir virus en esos ordenadores o borrar archivos de sus discos duros. Y podrán hacerlo siempre que los daños ocasionados no superen los doscientos cincuenta dólares.
Y yo que pensaba que la razón de ser del Estado era tener el monopolio de la violencia bajo los límites del Estado de Derecho. Ingenuo de mí. En vista de cómo está el tema, mañana mismo me dedicaré a esparcir virus y a introducirme en los ordenadores que considere sospechosos de tener copias de este artículo sin permiso. Así que si les pasa algo, no se quejen, ¿eh? Que soy un autor en defensa de mis legítimos derechos.
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.

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