El Gobierno tripartito se ha propuesto erradicar la lengua castellana en Cataluña. Los nacionalistas lo justifican asegurando que 40 años de dictadura dejaron al catalán en una situación de inferioridad frente al castellano y que ahora ha llegado la hora de corregir la persecución a la que se vio sometió el catalán. Nadie duda en Cataluña que entre todos y después de 40 años de prohibición, debemos fomentar el uso del catalán, pero la imposición de multas y sanciones contra los que utilizan el castellano o la creación de comisarios políticos que, bajo la apariencia de inspectores, controlen a comerciantes, restauradores o profesores no sirve, desde mi punto de vista, para corregir aquella persecución sino para iniciar otra igual de perversa aunque tenga el aval del parlamento catalán.
Desde que un socialista preside la Generalitat, se han incrementado en un 400% las inspecciones para controlar que todo el mundo utilice la lengua catalana y en el primer semestre de este año se han recibido 928 denuncias anónimas. El gobierno catalán no tolera que 2,9 millones de catalanes todavía tengan el castellano como primera lengua frente a los 2,2 millones que tienen el catalán. El Gobierno catalán ya lleva recaudado 81.250 euros en multas y tiene otros 94.950 en fase de resolución.
Un claro ejemplo de la política lingüística de la Generalitat lo encontramos en el “Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008”, que incluye programas para dar a conocer la lengua catalana entre los recién llegados. La Generalitat considera que el dominio del catalán es el primer elemento para superar el aislamiento y la exclusión social en Cataluña. El tripartito olvida que son muchos los ciudadanos que se han integrado y que han contribuido a construir la Cataluña de hoy teniendo al castellano como primera lengua. El “Plan de ciudadanía e inmigración” del gobierno catalán sólo prevé dar clases de castellano a los inmigrantes presos. El tripartito ha condenado el castellano a ser la lengua propia de quienes están en la cárcel.
