El gobernador de la Región italiana de los Abruzos, Ottaviano Del Turco, acaba de ser detenido junto a dos concejales de su ayuntamiento. Se le acusa de corrupción, fraude y conspiración para cometer actos ilegales. Según los fiscales, cobró sobornos por varios millones de euros. Del Turco, uno de los miembros de renombre del reformista Partido Demócrata, presume de un larguísimo curriculum vitae. Tras liderar al mayor sindicato italiano, el izquierdista CGIL, fue un pez gordo del Partido Socialista. En 2000 fue nombrado ministro de Economía en el Gobierno de centroizquierda regido por Giuliano Amato. Fue también eurodiputado, elegido igualmente con el respaldo centroizquierdista, liderado entonces por Romano Prodi. Y por si alguien se preguntara quiénes son los políticos italianos que se enfrentan al crimen organizado, hay que señalar que Del Turco, el mismo que ahora se encuentra en una celda de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad de Sulmona, fue también presidente de la Comisión Antimafia.

Con un historial tan poco derechista, debe de sonar bastante raro al oído de quienes no conocen la realidad italiana que el más resuelto en solidarizarse con Del Turco haya sido el presidente del Gobierno de Roma, Silvio Berlusconi, es decir, el líder de los conservadores italianos. Sin embargo, los italianos no se sorprenden, pues saben que el partido del Cavaliere, así como el actual Ejecutivo, está repleto de ex socialistas, que naturalmente se lanzan ahora en una competición de solidaridad hacia su ex camarada.

También el número uno del Partido Demócrata, Walter Veltroni, expresó su cercanía a Del Turco. Sin embargo, cometió el error de manifestar también su confianza en el trabajo de los jueces, acabando así en el punto de mira de toda la prensa reformista italiana. Berlusconi no suele cometer estos deslices: pese a no haber leído ni un párrafo del expediente relativo a la investigación (los jueces aseguran que poseen pruebas aplastantes), ha declarado a secas que se trata sin lugar a dudas de un complot de la magistratura contra la clase política italiana. La misma reacción la tuvo hace seis meses, cuando otro presidente de una región italiana, el gobernador de Sicilia, Salvatore Cuffaro, fue condenado a cinco años de cárcel tras un proceso contra la mafia. Berlusconi no fue el único en solidarizarse con Cuffaro, quien de hecho, y pese a la gravedad de la sentencia, fue ascendido unos pocos meses después a parlamentario de la República por el partido centrista UDC.

Sería un error dar a entender que el Cavaliere es el único político interesado en desplegar la guerra contra los jueces. La verdad es que durante los últimos quince años, todos los gobiernos que se han sucedido en Roma no han tenido nada mayor prioridad que obstaculizar el trabajo de los jueces. El Gobierno reformista de Prodi aprobó un indulto que permitió la excarcelación de muchísimos criminales. Desde su regreso al Palacio Chigi, Berlusconi sólo se está ocupando de los procesos en los que se le acusa de corrupción. Consecuentemente, todas las instituciones de la República se están concentrando sobre un único objetivo: la solución de sus apuros judiciales. La Cámara de Diputados ya ha aprobado una ley que impedirá llevar a cabo acciones judiciales contra los cuatro cargos más altos del Estado. Al fin y al cabo es la solución menos dolorosa, ya que también había sido propuesta otra ley que, a fin de suspender el proceso contra Berlusconi, habría congelado también otros cien mil juicios, permitiendo así la absolución de miles de criminales.

El actual Gobierno, con la connivencia de la oposición, está además trabajando en una norma que limitará el uso de escuchas por parte de los magistrados. No es de extrañar, ya que en los últimos tiempos el mismo Berlusconi y numerosos líderes del centroizquierda fueron sorprendidos en conversaciones telefónicas comprometedoras, que aunque no hayan traspasado el límite de la legalidad, ciertamente sí han sobrepasado el de la moralidad.

Es más: si la nueva ley fuera aprobada, al entrar en vigor los periodistas no podrían publicar, so pena de acabar en la cárcel, ninguna conversación interceptada por los magistrados. Si esta ley hubiera existido hace ya unos años, los italianos todavía no sabrían nada del escándalo que se abatió sobre el fútbol italiano ni de las numerosas actividades ilícitas relacionadas con la compraventa de bancos, y esto por mencionar únicamente dos de los casos más conocidos. El director general de la Juventus, Luciano Moggi, y el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, aún permanecerían en sus butacas, un precio que los políticos estarían dispuestos a pagar: lo único que les importa es que los electores ignoren sus secretos más escabrosos.