Cuando en Latinoamérica analizamos nuestra situación y nuestros males, normalmente examinamos los síntomas pero rara vez buscamos su verdadera causa. Si estudiamos con detenimiento nuestros principales problemas políticos, económicos y sociales veremos que en el fondo la principal enfermedad que causa la mayoría de las aflicciones que hoy sufrimos es la que producen los monopolios, oligopolios o grupos que se toman los mercados y actúan como tales.
La tradición de los monopolios y la concentración económica data de los tiempos coloniales, donde un pequeño grupo de terratenientes o hacendados controlaba la mayor parte de la producción. Esta tradición se mantiene muy viva en América Latina y el subcontinente jamás podrá avanzar si no resuelve este, su principal, problema. Probablemente la razón de los recientes triunfos de la izquierda en numerosos países de la región se debe al malestar ocasionado por estos carteles. Lamentablemente, una porción considerable de la población piensa, equivocadamente, que lo que fracasó en los años noventa en Latinoamérica, con el mal llamado "neoliberalismo", fue el exceso de apertura en los mercados, cuando lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.
El "neoliberalismo" latinoamericano creó más monopolios y oligopolios de los que había antes, reemplazando monopolios públicos por monopolios privados. La ola de reformas supuestamente aperturistas creó mercados cerrados y otorgó concesiones oligopólicas. Estas reformas han creado nuevos y gigantescos oligopolios en telecomunicaciones, en electricidad y los sectores energéticos, en las aerolíneas y en muchos otros mercados. Cuando los analistas se preguntan por qué parece no funcionar el capitalismo en América Latina pero sí en Asia, la respuesta es que el capitalismo en el resto del mundo, por lo general, es capitalismo competitivo y en nuestra región es un capitalismo oligopólico, un capitalismo mercantilista.
Los nuevos oligopolios se suman a los de otros sectores donde ya existían desde hace décadas –y hasta siglos– como la producción de azúcar, ron, café, arroz, lácteos, pan, harina, pollo, cervezas, en los supermercados e hipermercados, en la venta de hidrocarburos, servicios de televisión, transporte y muchos otros mercados más. La formación de estos oligopolios difícilmente se hubiera podido dar sin el apoyo político de familiares y allegados en el poder. Estos oligopolistas se han percatado de que es más fácil hacerse con un mercado a través de los cercos regulatorios que sus amigos políticos pueden erigir en contra de su competencia que haciendo esfuerzos para ganar cuota de mercado honestamente. Y cada país tiene su ejemplo de un pequeño grupo de unas cuantas familias que controlan los mercados gracias a las barreras legales que sus amigos políticos han logrado construir; así tenemos las “14 familias” de El Salvador, los “12 apóstoles” en Venezuela y élites similares en el resto de Latinoamérica.
Lo peor es que además de estos monopolios privados tenemos los del sector público en sectores como agua potable, recolección de basura, petróleo, cobre, gas y otras materias primas, en los correos, en los puertos y aeropuertos y, finalmente, en la salud y la educación.
Estos monopolios y oligopolios causan los principales problemas de mal servicio, pobre calidad y altos precios que generan pobreza, negándoles a millones de personas el acceso a ganancias y riquezas.
Sin embargo, al contrario a lo que piensan muchos politólogos, la solución no está en penalizar a las empresas ni en la creación de leyes y agencias antimonopolio de supuesta “protección al consumidor”. Estas agencias con frecuencia ahogan a las pequeñas y medianas empresas con excesivas regulaciones y multas en “favor del consumidor”, lo cual, paradójicamente, favorece a los grandes monopolios al ahogar a los pequeños competidores.
No, la solución está en acabar con la causa raíz que permite que se formen o mantengan estos oligopolios. De una vez por todas debemos acabar con las regulaciones y legislaciones que obstaculizan la libre concurrencia, esto es, la entrada de nuevos agentes a estos mercados. Además, los estados latinoamericanos no sólo deben abrir sus mercados monopólicos –públicos y privados–, sino que no deben otorgar más concesiones monopólicas.
En vez de crear nuevas leyes, debemos derogar las normas que crean barreras regulatorias a la libre concurrencia nacional e internacional, además de derribar las barreras arancelarias, para que se genere en todos los mercados una verdadera e intensa competencia, que permita que se resuelvan los problemas mencionados. Eso facilitará la solución no sólo de los males económicos, sino de graves problemas sociales, como la mala calidad de la educación y de la salud, y permitirá aliviar ese grave padecimiento latinoamericano de mala distribución de la riqueza.
