"Los acusados se concertaron para causar un perjuicio a las arcas municipales y favorecieron el enriquecimiento ilícito del constructor". La contundencia de la sentencia hecha pública esta semana por el Jugado de lo Penal de Plasencia que condena a la exalcaldesa del PSOE Elia María Blanco y cinco de sus exconcejales de la pasada legislatura –además de al empresario José Antonio Romero Vega, un histórico militante socialista de la zona– parece no dejar ninguna esperanza a las apelaciones que van a plantear las defensas de los siete condenados ante la Audiencia Provincial por el caso Plasencia. Sea como fuere, el tiempo dirá si finalmente evitan la prisión, en concreto Blanco y Romero, con dos años y seis meses de pena, a los que hay que sumar otros 18 de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o empleo público.
Ni que decir tiene que la resolución judicial ha conmocionado la vida política extremeña. Por supuesto que ha habido en la historia democrática casos de corrupción y sentencias judiciales condenatorias para alcaldes y concejales por prevaricación o fraude (los delitos cometidos en Plasencia), pero en ninguno sus protagonistas tuvieron el riesgo de pisar la cárcel.
Sólo los que tienen buena memoria recuerdan el primer y hasta el día de hoy único precedente, el de todo un vicepresidente de la Diputación de Badajoz, el también exconcejal socialista Matías Ramos, que en 1998 fue condenado por la Audiencia Provinciala 14 años de prisión por dos delitos de malversación de caudales públicos, concretados en la falsificación de 56 nóminas en la Diputación y el cobro de 7,5 millones de pesetas del Ayuntamiento. Sin embargo, eran otros tiempos, donde la corrupción no sabemos si no estaba tan instaurada o si no se acumulaban tantos casos. Lo más probable es que los desmanes no salieran a la luz, y es evidente que había una mayor impunidad. Ahora, al menos en Plasencia, el interventor municipal cumplió con profesionalidad, no fue cómplice y advirtió por escrito, durante los tres años en que se otorgaron a dedo las grandes obras municipales a un solo constructor, de que el proceso era totalmente irregular. Nadie le hizo caso.
Nadie duda hoy de que el reproche social ante la acumulación de tantos delitos por la clase política es infinitamente mucho más abrumador en estos días.
De hecho, al entonces todopoderoso presidente Ibarra el caso Matías Ramos no le hizo el menor daño. Los socialistas arroparon al encausado hasta el último minuto, luego supieron desprenderse a tiempo de la manzana podrida, la dejaron caer, y a otra cosa. Es decir, a seguir arrasando con mayorías absolutas.
Nadie en su sano juicio –y menos un partido que está en la oposición y quiere recuperar el gobierno regional en nueve meses- seguiría justificando a esa mitad del gobierno socialista de Plasencia condenado a penas de cárcel por corrupción. Pero el socialismo extremeño es distinto, muy distinto, seguro que por los 29 años que ha estado en el poder. Eso te debe de revestir de tal impunidad que ni una sentencia judicial condenatoria te hace bajar los aires de grandeza y poderío.
Como no podía ser de otra forma, el primero en salir a mostrar su solidaridad ha sido Ibarra, que ya obligó al partido a presentar a Blanco como candidata a la alcaldía estando como estaba imputada, pese a que algunas voces internas, demasiado pocas y sin fuerza, advertían de la desfachatez.
"Pongo la mano en el fuego por ella", dijo en plena explosión del caso Ibarra –nadie olvide que es miembro del Consejo de Estado desde el año 2011–. Una vez conocida la sentencia, ha vuelto a irrumpir en la escena pública, sin síntomas visibles de haber sido tratado recientemente en alguna Unidad de Quemados de un hospital especializado. Sin defraudar, el personaje ha dicho que ‘"volvería a poner la mano en el fuego” por Blanco, porque para él la justificación es sencilla: "Todos los Ayuntamientos otorgan las obras de la misma manera”, es decir, sin concurso público y a dedo, convirtiendo los grandes presupuestos de los trabajos encargados en contratos menores (menos de 50.000 euros) para evitar la competencia entre empresas en un concurso en igualdad de oportunidades y tener la facilitad de otorgar al empresario amigo las grandes construcciones.
Ibarra afirmó que la inmensa mayoría de los municipios operan igual (obsérvese su mensaje pernicioso, el de que todos son corruptos, así que qué más da un caso más, si todos son iguales). Pero habría sido más creíble si hubiera recurrido a su propia trayectoria política. Todos lo hubiéramos entendido mejor: "Yo también lo hacía, y aquí estoy, de hecho he acabado siendo Consejero de Estado", debería haber explicado. Eso sí hubiera sido poner la mano en el fuego.
Sólo por poner un ejemplo: en noviembre de 2010 el Tribunal de Cuentas le afeó que seis años antes, en el ejercicio presupuestario de 2004, adjudicase todos los servicios de transporte escolar de la comunidad -42 expedientes- sin concurso público, es decir, "indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas" (sic).
Cinco días tardó en manifestarse Guillermo Fernández Vara acerca de la sentencia de Plasencia. En esa bicefalia que ya le costó la derrota electoral en las pasadas elecciones autonómicas (Ibarra no es que no termine de marcharse, es que sigue moviendo los hilos y, lo que es peor, marcando el camino al PSOE extremeño), el actual secretario general de los socialistas extremeños siguió apostando por la justificación, impunidad y protección a los condenados. No hubo un solo reproche, una sola condena política, con lo que trasladó a la sociedad un mensaje realmente pernicioso y que explica el deterioro de los grandes partidos políticos españoles. Como es de los míos, que nadie lo toque, fue su mensaje, directamente en contra de la regeneración que tanto pregona.
Hasta entonces, Vara al menos había guardado silencio, quizás pensando en que una cosa era haber dejado en su día el Ayuntamiento de Plasencia en bandeja al PP, al llevar como candidata a una imputada (el PP arrasó en 2011) y otra muy distinta salir públicamente a defender su inocencia con una condena de cárcel ya emitida y unos hechos probados. Pues lo hizo. "Elia Blanco es mi amiga y a los amigos ni se les usa ni se les tira".
Cuando el caso entró en los tribunales, Vara se comprometió a actuar si Blanco fuera imputada. Lo fue. No lo hizo. Luego dijo que actuaría cuando comenzara el juicio oral. Empezó y tampoco. Ahora, tras la sentencia, asegura que hay que esperar a una resolución en firme, aunque, en cualquier caso, "ya han asumido sus responsabilidades" al dejar –en breve– su acta de concejal, como obliga, por cierto, la sentencia.
Para rizar el rizo, previamente el portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Valentín García, justificó lo sucedido asegurando que, en cualquier caso, los concejales "no habían robado". Ah, eso sí, aconsejó al PP a asumir sus responsabilidades por el caso Gürtel…
No hay más preguntas, señoría.