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La decisión del G-8 de reducir a la mitad las emisiones de CO2 en el año 2050 para combatir el cambio climático y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso del "ácido bórico", son algunas de las noticias que ocupan las portadas de la prensa:
EL MUNDO: "La Policía Científica fue 'inveraz' para no vincular a ETA con el 11-M", "La cumbre sobre el hambre concluye sin acuerdos pero con un festín de 19 platos", "Montilla multa con 21 millones a Red Eléctrica y Endesa por el gran apagón de Barcelona" y "Blanco cede todo el control del aparato del PSOE a Pajín".
En su editorial "Los jueces corroboran, punto por punto, nuestra denuncia", asegura que "la sentencia del caso del ácido bórico corrobora punto por punto las informaciones publicadas por EL MUNDO en los últimos dos años" y añade que "revela lo mismo que la vista en el Supremo sobre los recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional: que quedan aún muchas cuestiones en el aire. Nosotros seguimos preguntándonos, por ejemplo, por qué la cúpula policial llegó a cometer irregularidades para ocultar la referencia a ETA cuando, tal y como dijimos desde el principio, el dato era irrelevante".
ABC: "La CEOE respalda la crítica del sector turístico sobre el acoso al castellano", "Vuelven las largas colas a las oficinas de empleo por el repunte del paro", "Sebastián improvisa un plan para reducir un 10% el consumo del petróleo" y "La Generalitat pagará 100.000 euros a una joven golpeada en clase".
En su editorial "La lengua, cuestión constitucional", dice que "la defensa del castellano como lengua de todos los españoles y oficial de España, trasciende los debates meramente jurídicos, educativos, históricos y territoriales que se están produciendo en torno al Manifiesto por la Lengua Común. Como han hecho ver la Mesa del Turismo, y ayer mismo también la CEOE, constituye asimismo una aportación a la economía española porque la progresiva supresión del castellano en las líneas aéreas, los carteles de las carreteras y las indicaciones en los aeropuertos, por ejemplo, perjudica la imagen de España ante el extranjero".
EL PAÍS: "Los jueces aniquilan el último bulo conspirativo sobre el 11-M", "Rapada, torturada y violada durante 45 días", "Tres mandos militares serán juzgados por falsedad en el 'caso Yak-42'", "El empresario Villalonga se hace con el control del Valencia" y "El G-8 reacciona ante el cambio climático" (pie de foto).
En su editorial "Censo de la vergüenza", se refiere al censo "Maroni" que elabora el gobierno italiano y señala que "el Gobierno de Berlusconi ha traspasado uno de los límites irrenunciables del Estado de derecho mediante una fórmula jurídica peligrosa. No es que esté atentando contra la igualdad ante la ley aplicándola de forma distinta a un grupo de ciudadanos, es que ha consagrado a los gitanos una ley diferente de la que el Estado aplica al resto de los italianos".
LA RAZÓN: "EEUU acepta por primera vez reducir sus emisiones de CO2", "Padres vascos piden que la UE ampare el uso del castellano", "Defensa gasta 48 millones de euros en un curso para oficiales que no tiene validez académica" y "Las familias que no cobran el 'cheque-bebé' recurrirán al Congreso y a los tribunales".
En su editorial "Soberanismo con dinero público", afirma que "Ibarretxe ha embarcado a toda la sociedad vasca en un desvarío y ha fijado claramente que la prioridad de su gobierno es diametralmente opuesta a la de la sociedad que dirige. Las encuestas han sido contundentes en este sentido y han constatado una radiografía social mayoritariamente adversa a las formas y al fondo de los propósitos del Gobierno vasco: siete de cada diez vascos se han declarado contrarios a la consulta".
LA VANGUARDIA: "Multa millonaria a REE y Endesa por el apagón", "Sebastián anuncia un plan de ahorro del 10% de petróleo" y "Laporta se enroca y dice que no dimite".
En su editorial titulado "Inmigración concertada" afirma que "Tras haber negociado con España y Alemania, los países más reacios por razones contrapuestas, el ministro para la Inmigración francés presentó en Cannes un documento que, en síntesis, propone a los países de la Unión la construcción de una política común que privilegia la inmigración laboral, regula la reagrupación familiar y arbitra los medios para luchar contra la inmigración ilegal ...". A continuación, asegura que "Europa precisa dotarse de unos mecanismos comunes para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y evitar que llegue a convertirse en un problema irresoluble".
En su editorial titulado "Inmigración concertada" afirma que "Tras haber negociado con España y Alemania, los países más reacios por razones contrapuestas, el ministro para la Inmigración francés presentó en Cannes un documento que, en síntesis, propone a los países de la Unión la construcción de una política común que privilegia la inmigración laboral, regula la reagrupación familiar y arbitra los medios para luchar contra la inmigración ilegal ...". A continuación, asegura que "Europa precisa dotarse de unos mecanismos comunes para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y evitar que llegue a convertirse en un problema irresoluble".
EL PERIÓDICO: "Las multas por el apagón, lejos del máximo posible", "El G-8 plantea reducir el CO2 un 50% en el 2050" y "Soriano se suma a los críticos con Laporta".
Su editorial titulado "¿Plan nacional o cuento de la lechera?" recuerda que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer un plan de ahorro de energía que supondrá reducir en dos años el 10% del petróleo que importa España. A su juicio, éste es "un objetivo tan ambicioso -entrañaría la rebaja en 5.000 millones de euros de la factura que pagamos por el crudo-, que da pie a preguntarse si estamos ante un proyecto racional y viable o ante un programa de máximos en el que priman el voluntarismo bienintencionado o los aspectos propagandísticos, en un momento en el que el Gobierno es acusado de inacción ante las crecientes dificultades económicas".
Su editorial titulado "¿Plan nacional o cuento de la lechera?" recuerda que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer un plan de ahorro de energía que supondrá reducir en dos años el 10% del petróleo que importa España. A su juicio, éste es "un objetivo tan ambicioso -entrañaría la rebaja en 5.000 millones de euros de la factura que pagamos por el crudo-, que da pie a preguntarse si estamos ante un proyecto racional y viable o ante un programa de máximos en el que priman el voluntarismo bienintencionado o los aspectos propagandísticos, en un momento en el que el Gobierno es acusado de inacción ante las crecientes dificultades económicas".
