Hay malos del cine que le quedan a uno grabados en la memoria, sobretodo si la película la has visto siendo un chaval. Los que saben de mi pasión por las películas del Oeste no se sorprenderán al leer que mi malo favorito de siempre ha sido Sentencia, aquel pistolero que encarnaba precisamente al malo en la película de Sergio Leone El bueno, el feo y el malo. Pocos personajes del cine y la literatura tienen un nombre tan sonoro y que describa a la perfección el papel que la historia le tiene reservado. "Yo tengo mis reglas y cuando uno me paga siempre termino mi trabajo", decía Sentencia antes de mandar al otro mundo a alguna de sus víctimas.
Hasta esta semana, cada vez que escuchaba este nombre enseguida se me venía a la cabeza la imagen de Lee Van Cleef, revolver en mano, y su media sonrisa que se le dibujaba en el rostro justo antes de terminar su trabajo. Hasta esta semana… Porque desde que escuché a Federico proponer a Alberto Ruiz Gallardón que bautice a su perro con el nombre de Sentencia (o Estrasburgo), me resulta ya imposible visualizar a ningún pistolero sin piedad. Lo único que aparece en mi mente al oír Sentencia es un caniche paseando junto al ex ministro de Justicia, aunque sé que al político del PP lo que le apasionan son los beagle.
Yo, sinceramente, prefería el recuerdo del pistolero, pero reconozco que al asunto que nos ocupa lo único que le falta, para que la justicia sea completa, es la imagen de Gallardón teniendo que recordar todos los días cuando llame a su perro (su "tercera gran pasión") que el tribunal más importante que tenemos en la Unión Europea le ha quitado la razón y se la ha dado a la persona a la que persiguió con todas sus armas. "Veeeen Sentencia", "Sentencia, vamos a la calle", "Sentencia, coge la pelotita..."
El pasado lunes durante el debate a cuatro en televisión, Mariano Rajoy se indignó con Albert Rivera, al que llegó a llamar "inquisidor", porque el líder de Ciudadanos puso en duda la independencia del poder judicial: "O sea que, según usted, los jueces del Tribunal Supremo son menos independientes que los jueces de los tribunales ordinarios. No lo puedo compartir de ninguna manera", exclamó el líder del PP. Después de haber releído el capítulo quinto de El linchamiento (La Esfera de los libros) justo antes de ponerme a escribir este artículo, tengo la sensación de que la indignación del presidente venía porque en su bronca con el líder de Ciudadanos, Rajoy no pudo decir lo que verdaderamente se ajustaba más a la realidad: "Señor Rivera, no sólo nombramos a los del Supremo, también a la representante española en el Tribunal de Estrasburgo, a su pareja la colocamos en el CGPJ y eso lo saben los jueces de los tribunales ordinarios que quieran medrar en esto y por eso hay muy pocos que se arriesguen a ser independientes". El caso Gallardón da buena prueba de ello. Desde la juez de instrucción, el juzgado de lo Penal de Madrid, pasando por la Audiencia Provincial de Madrid, el Constitucional, el CGPJ, hasta llegar a la juez española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos… Es precisamente con este peregrinaje judicial con el que comienza el capítulo quinto de El Linchamiento:
Que la jueza Inmaculada Iglesias me iba a condenar lo supe la primera vez que la vi. Fue al empezar el juicio por la querella de Gallardón, cuando conseguí atravesar la cortina de cámaras de televisión, micrófonos de radio y plumillas a la antigua que ocupaban los accesos al juzgado y me senté en el celebérrimo banquillo de los acusados, en realidad un banco de madera parecido al de las iglesias, que también es casualidad. Demasiadas cosas en el ambiente auguraban mi condena, aunque yo no hubiera cometido delito alguno; pero sólo vi claro que la injusticia iba a perpetrarla la justicia cuando Iglesias abrió la sesión, la miré a los ojos, ella me miró y apartó la vista.
Hay quien cree poco en el lenguaje no verbal. Y más aún cuando de jueces se trata, que siendo por definición imparciales deben cultivar y cultivan una apariencia aparatosamente neutra. Pero neutra no significa neutral y cuando se trata de un juicio de opinión, que era lo que habían conseguido Gallardón y sus amigos políticos, mediáticos y judiciales al sentarme en el banquillo, la arbitrariedad de los jueces no es riesgo sino fatalidad. Nada hay más discutible, más interpretable y menos compatible con un régimen de libertades que el delito de opinión. Si alguien atribuye a alguien un hecho concreto de índole económica, sexual o criminal, cabe debatir si es verdad o mentira, si hay razones para atribuir a un cargo público un enriquecimiento ilícito, unas relaciones peligrosas, un adulterio escondido o la clásica prevaricación no exenta de cohecho, aunque el cohecho sea, según opinión asentada en el ámbito judicial, difícil de probar. Sin embargo, cualquier opinión crítica, inseparable de la democracia, puede entenderse como un atentado al honor del político criticado.
Decir, por ejemplo, que el comunismo es una ruinosa masacre con cien millones de cadáveres que lo atestiguan puede ser considerado por un candidato comunista un atentado a su honor, porque, a despecho de Stalin y Mao, él no ha matado nunca a nadie. Decir que el socialismo español es un atraco continuado no exento de crímenes podría también entenderlo un político socialista como un atentado a su honor, porque él no participó en el asesinato de Calvo Sotelo, en las torturas y asesinatos de las checas del gobierno del Frente Popular, en el envío a Moscú del oro del Banco de España ni, más modernamente, en el GAL y los innumerables casos de corrupción del felipismo. En el otro lado del espectro político, decir que la derecha española del siglo XX es siempre precedente o consecuencia de la dictadura franquista puede ser considerado por un político de UCD o el PP una calumnia intolerable, porque él entró en política en 1977. En fin, hablar contra la derecha o contra la izquierda es honoricida.
Todo atenta contra el honor de los políticos pero nada puede hacerse en un régimen de libertades sin vulnerar la delicadísima piel del político, princesita del guisante cuando se trata de lo suyo y rinoceronte cuando se trata del político rival. En lo esencial, las ideas políticas son generalizaciones a partir de la experiencia, que luego se particularizan en cada candidato identificado con ellas; y, ay, con inevitable inexactitud. ¿Pero cabe denunciar ante un juez la descalificación pública de un político en función de unos precedentes opinables y de una actuación concreta? Sólo en las dictaduras. En las democracias, la libertad entraña crítica y la crítica acarrea descalificación política. Toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en España privilegia, como en todos los países con régimen liberal y democrático, la libertad de expresión sobre el derecho al honor, salvo en el caso de la atribución de falsedades al personaje público. E incluso en ese caso, si lo publicado ha sido objeto de una investigación honrada, con bases sólidas, aunque el resultado último sea parcial o erróneo, nunca se considera delictivo. Y sin embargo, desde la primera vez que vi a la juez Inmaculada Iglesias supe que me iba a condenar por un delito de opinión política. En realidad, por el delito de opinar contra un personaje y una conducta demasiado implantados en la sociedad española como para criticarlos sin peligro: la investigación del 11-M, la mayor masacre de la historia de Europa occidental, que en el momento de los hechos objeto de la querella se hallaba en el epicentro del debate político, y en el momento del juicio ocupaba también el centro del debate sobre el futuro del PP.
En las ocasiones en que se plantea el brumoso asunto del honor de un político, hay una pista que suelen seguir los que lo enjuician: si hay intento de dañar personal o familiarmente al político, al margen de sus ideas o determinada actuación pública. Pues bien, de seguir la justicia esa línea, que es la habitual en las democracias occidentales, jamás me hubiera sentado en el banquillo.
Si yo hubiera tratado de menoscabar la figura pública de Gallardón mediante una crítica a su honor personal —sea lo que sea eso— me hubiera bastado hacer como el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, que en el debate de fin de campaña contra Gallardón en Telemadrid le pidió cuentas de su actuación mientras mostraba a la cámara una portada de la revista Época ocupada por Montserrat Corulla, abogada y testaferro de Roca (jefe de la mafia marbellí destapada en la Operación Malaya), a la que se atribuía una estrecha relación personal con el alcalde sustanciada en recalificaciones de edificios de valor histórico para construir hoteles de lujo. Creo que la mujer y los hijos de Gallardón estaban esa noche en el plató de Telemadrid, pero no hubo querella. Lo último que recuerdo de ellos es verlos abrazándose en público. Gallardón ha presumido de dotes donjuanescas al definirse como «amante del amor», cursilada inapelable. Sin embargo, yo no había criticado a Gallardón por líos de faldas o por su relación con empresarios de dudosa reputación, sino por la línea política que preconizaba para el PP con respecto al 11-M. Por eso me sentaba en el banquillo y por eso estuve seguro de que me condenaría la juez Inmaculada Iglesias. En todas las culturas, la expresión «¡mírame a los ojos!» significa «¡dime la verdad!» y, en cierto modo, supone la exculpación parcial del embustero, cuya conciencia no le permite mantener sin rubor lo que sabe falso y perjudicial para alguien. Al desviar la mirada, con o sin rubor, se añaden otros detalles de signo huidizo; y todos me produjeron una impresión negativa. En pocos segundos, el instinto del homínido en peligro —está en el banquillo— se despabila, despierta y procesa infinidad de datos para adivinar su suerte. Y yo supe que la mía estaba echada. No sabía bien por qué, pero estaba seguro de que aquella jueza me iba a condenar. Y creo que ella, sin saber aún cómo, también.
Pero hubo antes otra jueza, de lo que llaman instrucción, aunque para mí fuera destrucción, que fue la responsable desde el Juzgado número 2 de Madrid de sentarme en el banquillo, con manifiesto desprecio, según creo, de la verdad de los hechos, de la interpretación más razonable y generalizada de los mismos y de la jurisprudencia del Constitucional, que privilegia la libertad de expresión en los medios sobre el derecho al honor de los responsables políticos. Esta jueza se llamaba y supongo que se llama Mónica Aguirre de la Cuesta, pero, pese a tener que declarar en su juzgado, no guardo de ella recuerdo alguno. Supongo que, al no estar bajo una tensión extrema como ante Inmaculada Iglesias y al dar todos por hecho que nunca admitiría una querella tan manoseada, manipulada y politizada como la de Gallardón, no archivé en la memoria sus datos visuales. Es verdad que podía haberlos conseguido de forma más o menos regular, pero mi intención es rememorar lo sucedido, no reinventarlo ni reescribirlo.
Como diría Piqué, con Pedro J empezó todo. Tengo buena memoria para las cosas que vivo y aquella tertulia les aseguro que la puedo recordar como si hubiera sido ayer y no hace una pila de años. Yo estaba sentado a la derecha de Federico en la mesa circular donde Jiménez Losantos hacía La Mañana de la COPE. A mi derecha estaba sentado el entonces director de El Mundo que, cosa que poco habitual en él, esa mañana tenía especial interés en hablar de un titular que no aparecía en "mi (su) periódico" sino en el diario ABC. "Gallardón llama a su partido a obviar el 11-M", decía la portada, citando las palabras del que era alcalde de la capital de España. Pedro J cogió el ABC y dijo la siguiente frase: "¿Alguien se imagina al alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, sin hacer lo que estuviera en su mano para que se investigara a fondo la masacre del 11-S en Manhattan? ¿Alguien se imagina a Giuliani llamando a obviar el 11-S? Pues es lo que está haciendo el alcalde de Madrid". Pedro J hizo las preguntas y Federico las respondió a todas, pero Gallardón sólo sentó en el banquillo al director de La Mañana. En el juicio, Pedro J reconoció ser el causante de forma indirecta de la querella. Su testimonio, junto con el de Luis Herrero y Francisco José Alcaraz, fue lo único bueno que recuerda Federico del juicio.
Si no hubiera sido ese el sentido de sus palabras sobre el 11-M en el Foro ABC, Gallardón lo habría desmentido o matizado. Nunca lo hizo, por dos poderosas razones: porque lo que publicó ABC era cierto y porque políticamente le convenía. La discrepancia con su partido era tan evidente que Esperanza Aguirre y su segundo, Ignacio González, criticaron públicamente el empeño de Gallardón en «obviar el 11-M». El 9 de junio, la presidenta del PP en Madrid replicó a Gallardón sobre el «obviar el 11-M» y la «moderación» que, para abordar la mayor masacre de la historia de España, pedía Gallardón, casualmente lo mismo que le pedía el PSOE al PP. «Aguirre replica a Gallardón que en el PP se habla con moderación. El vicepresidente de Madrid contradice también al alcalde en su deseo de obviar el 11-M», publicó El Mundo. Y Gallardón siguió sin puntualizar nada, pese a que las dos asociaciones de víctimas lo entendieron exactamente igual que nosotros, como recordó también Pedro J. a la jueza.
Luis Herrero insistió en ese punto clave: que todo el mundo, partidarios o no de investigar el 11- M, había interpretado las palabras de Gallardón del mismo modo. Añadió que la querella objeto de juicio había sido manipulada por Gallardón repetidamente y que él era testigo presencial de cómo yo hablé con el alcalde, la última vez en el palco del Real Madrid, para archivar la querella y que él volviera a la COPE; y que el alcalde prometió disculparse con Mercedes Aranda (colaboradora mía a la que Gallardón atribuyó la manipulación de las llamadas de los oyentes) pero nunca lo hizo. Luis concluyó que todo era una prueba de fuerza para demostrar que Gallardón podía con la COPE y que el PP debía abandonar su sintonía con la radio de los obispos y El Mundo para ponerse, como el alcalde, bajo la protección de El País y la SER. Ni que decir tiene que un PP guiado por Gallardón. En cuanto a las víctimas, repitió lo dicho por Pedro J.: sus asociaciones lo habían entendido del mismo modo que yo y que todos. Y por eso reaccionaron indignados contra el alcalde de Madrid, como consta en las hemerotecas.
Llegó entonces el turno de Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y dijo algunas cosas fundamentales: que en el ámbito periodístico yo había ayudado siempre a las víctimas del terrorismo y que era un apoyo fundamental en todas sus convocatorias y manifestaciones; que las palabras de Gallardón fueron vistas en la AVT como una provocación, a tres días de una manifestación suya contra las negociaciones con la ETA y para pedir que se investigara el 11-M: y, por último, que él mismo había respondido a Gallardón diciéndole que podía presentarle a muchas víctimas de la masacre para que les explicara a ellas si había que «obviar el 11- M».
Las preguntas del abogado de Gallardón fueron de trámite, ya que cada respuesta de los testigos reforzaba mi posición. La jueza nos dio entonces un rato para comer. Salimos animados, casi eufóricos. Aparentemente, el balance de la mañana era un éxito apabullante. Sin embargo, en la puerta del juzgado, mi abogada empezó a ponerse nerviosa. Cristina intuía que el juicio, tan bien encarrilado, podía torcerse esa tarde, con la declaración de los políticos del PP: Aguirre, González, Acebes y Zaplana. Tan convencida estaba que, aunque ella misma había preparado sus declaraciones por teléfono, por fax y hablando personalmente con ellos, quiso anular su testimonio.
Estábamos con María Peral, jefa de la sección de Tribunales de El Mundo, a la que ya conocía de ABC. Por entre las vigas que algún día debería cubrir una buganvilla municipal se filtraba el sol pluscuamperfecto de junio. De pronto, Cristina dijo:
—¿Sabes lo que te digo? Que si Federico no tiene inconveniente, voy a tratar de anular a los testigos de esta tarde. Tengo el pálpito de que nos van a traicionar.
—Por mí, no hay problema. Tal y como está la cosa, con todo el lío del congreso de Valencia, un político del PP es cualquier cosa menos fiable. —
Legalmente —dijo María Peral— ya no puedes. Es demasiado tarde. —
Podían renunciar ellos, si se lo pides y no quieren dar la cara —dije yo—. ¿Pero no has preparado tú con ellos sus declaraciones?
—Y no sabes lo que me ha costado: llevo dos días con ellos, les han dado veinte vueltas a las preguntas y a las respuestas, Zaplana hasta vino al periódico ayer. Pero no me fío, no me fío. No me preguntes por qué, pero no me fío.
—Bueno, si no hay manera de impedir que testifiquen, no hay nada que hacer. No le demos más vueltas. Por cierto, Cristina, ¿a ti qué impresión te ha dado la jueza?
—¿Y a ti? —Horrorosa. Me miró y apartó la vista, pero con un gesto torcido, avieso.
—Pues fíjate que a mí me da menos miedo la jueza que los del PP.
—Bueno, pero al final será ella la que me condenará o me absolverá.
—Sí, pero después de lo de esta mañana, con los periodistas y las víctimas respaldándote al cien por cien, si te quiere condenar necesitará alguna percha.
—Aparte de la de Gallardón, quieres decir. Pero si quiere, con esa le basta.
—En fin, lo que sea sonará. Que Dios reparta suerte.
Sin embargo, ese día la suerte estaba echada. Cuando vi a Federico después del juicio no hizo falta que le preguntara qué tal le había ido. Él no esperó a mi pregunta y me dijo: "Si los que son supuestamente los buenos del PP se comportan así, qué nos harán los malos". Curiosamente, los cinco políticos del PP que declararon en ese juicio (Gallardón, Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana e Ignacio González) sufrieron después en sus carnes los golpes lanzados desde Génova 13 y siempre quedará la duda de si aquel día lo que hicieron vino influido por las directrices orquestadas desde la misma dirección…
Desde junio de 2008, me han preguntado muchas veces —y yo no he contestado nunca— por qué en el juicio de Gallardón los liberales del PP, testigos bajo juramento, fingieron olvidar su oposición, cuando no su odio, al alcalde, que él les correspondía con creces. No lo sé con absoluta seguridad y no les he preguntado luego, porque si te van a mentir, para qué vas a preguntar. Pero hay una cosa que me mortificó mucho tras la sentencia y me gustaría aclarar. Pocas horas después de su deposición ante la jueza Iglesias, los «amigos del PP» que con tanto apetito habían ramoneado en los riscos del perjurio —que en España apenas es delito y en los casos de «honor» suele ser obligación— culparon a Cristina Peña por lo que decían que no les había preguntado. Excusas de mal pagador. Mi abogada hizo lo que tenía que hacer: defenderme lo mejor posible. Había preparado las preguntas con los testigos de la defensa (presuntamente lo eran en la víspera del juicio y los días anteriores). Ya he contado el barrunto de traición que tuvo Cristina poco antes de la puñalada y, por supuesto, si le hubieran avisado de que iban a sufrir un ataque de amnesia política, ya que legalmente no cabía prescindir de su aportación, habría encontrado forma de interrogarles sin perjudicarse ni perjudicarnos. Pero no dijeron ni pío, ni a ella ni a mí. O sea, que de error de Cristina Peña, nada. (…)
También me han preguntado si en la sala del juicio me afectó la deserción de «mis amigos liberales». Si no hubiera mediado la premonición de Cristina Peña, me hubiera dejado francamente atónito, e incluso vacunado contra la sorpresa no me produjo regocijo. En lo personal, me dolió lo de Esperanza y Zaplana; en lo político, lo de Acebes. A fuer de sincero, tuvo algo de consuelo morboso ver a mis linchadores izquierdistas cebándose con ellos. Pero, como buenos profesionales, tras apalearlos una semana volvieron a lo suyo, que era ahorcar al negrito; o sea, a mí. Para eso vestían los uniformes del Ku-Klux-Klan. Y algunos, sobre capirote, con boina o barretina.
¿Hubiera cambiado la sentencia si los «liberales arrepentidos», como les llamaron entonces, hubieran guardado más respeto a la verdad? Sinceramente, creo que no. Como he dicho antes, desde el principio creí que me condenarían, por injusto que fuera. Las juezas utilizaron la excusa del testimonio de los testigos del PP, sencillamente, porque se lo pusieron a tiro. Si no, hubiera sido otra cosa. Por ejemplo, dudaron en aducir una «falta de veracidad» en lo que yo había atribuido a Gallardón, cuando en realidad lo había hecho el ABC, cuando encima era verdad y, sobre todo, cuando lo que se juzgaba era, o eso decían, el «honor» de Gallardón. Podían haberse limitado a defenderlo, aunque la sentencia hubiera sido igual de arbitraria, pero tuvieron la oportunidad de utilizar el testimonio de los políticos del PP y la aprovecharon. Debo agradecerles que, al hacerlo tan rematadamente mal, se retrataran; y supongo que en Estrasburgo las crucificarán, una década de estas. También creo que les importará poco.
Losantos clavó la fecha. Una década exacta es lo que ha tardado Estrasburgo en hacer justicia. Pero Federico se equivocó en decir que a los crucificados les iba a importar poco. Les ha escocido y mucho. Lo bastante como para ordenar a sus medios lacayos que no dijeran ni una palabra de la condena en sus periódicos o por la radio. Esos periodistas serviles al poder a los que supuestamente les debería preocupar algo la libertad de expresión en su país deberían leer detenidamente el último párrafo de este artículo que coincide con lo primero y lo último que dijo Federico en su alegato ante la primera juez que le juzgó:
Señoría, me gustaría que este hubiera sido realmente un juicio por injurias de mi persona contra el señor Ruiz-Gallardón. Por desgracia estamos ante un hecho político; ante una querella manipulada políticamente desde el principio hasta el final con una colección de mentiras que, si yo dijese una décima parte de las que me atribuye el abogado del señor Ruiz-Gallardón, me avergonzaría.
Empecemos por el principio; por las declaraciones del señor Ruiz-Gallardón que dan origen a todo este asunto en el diario ABC. Dos años después del 11-M, cuando al parecer ya había olvidado tanto el dolor de las víctimas que no lo conocían, el señor Ruiz-Gallardón (habla) de manera inequívoca, absolutamente inequívoca, y lo digo para resaltar el aspecto de veracidad que me ha discutido, mejor dicho, que me ha negado el abogado del señor Ruiz-Gallardón. Tan veraz es lo que publica el diario ABC al día siguiente, diciendo que Gallardón pide obviar el 11-M, que todos los medios que están a favor de obviar el 11-M lo aplauden y todos los que están en contra y piden investigar lo critican, empezando por la AVT; la Asociación de Víctimas del Terrorismo que como hemos podido escuchar y repitió el señor Alcaraz y lo hemos escuchado de nuevo (le) dice que vaya a ver a las víctimas que él se las presenta a ver si después vuelve a decir lo mismo.
Es decir, que el hecho era veraz, era indiscutible, avalado por el hecho de que el señor Ruiz-Gallardón jamás mandó siquiera una carta de aclaración, ¡de aclaración, no de réplica! ¿Por qué? Porque ese era el sentido veraz de sus manifestaciones o sea que eso de que yo no he dicho la verdad... Yo he dicho la verdad de cabo a rabo. Absolutamente, totalmente. Y usted además (señalando al letrado) lo sabe perfectamente; el letrado lo sabe perfectamente porque por desgracia él ha tenido que participar en la manipulación política de esta querella que viene ya de tiempo atrás.
Antes ha hablado el señor fiscal, cosa que le agradezco, sobre un concepto nuevo en la justicia, creo yo, por lo menos en el Derecho, y es que cada una de las expresiones que yo he vertido sobre el señor Ruiz-Gallardón o contra el señor Ruiz-Gallardón en sí misma no sería constitutiva de delito pero que todas juntas... Pero vamos a ver: o es delito o no es delito... Esto del delito continuado, será continuado si es delito. ¿Dónde está el delito?, ¿he mentido yo en algo? No. ¿He dicho yo la verdad? Sí. ¿He dicho lo que el señor Gallardón ha dicho y quería decir, (en) el sentido político que las declaraciones del señor Gallardón querían decirlo? La prueba es que, los que estaban con el Partido Socialista lo aplaudían y los que estaban en contra lo silbaban. Y la prueba añadida es que las víctimas del terrorismo fueron las primeras, al día siguiente, en sentirse indignadas por las manifestaciones del señor Gallardón, que, por supuesto jamás corrigió porque obedecía a la tendencia tradicional del señor Gallardón de ser lo que él llama pomposamente un verso suelto; diríamos un disidente permitido o un verso de cabo roto por seguir con la lírica. (...)
El señor Gallardón no se ha privado de jactarse de que «ha llegado hasta el final». Ha llegado hasta el final manipulando a la propia institución judicial, manipulando la Administración de Justicia, utilizándola como un mecanismo de poder político que es lo que ha sido esta querella desde el principio. Y nada más señoría, lamento mucho haber sido protagonista de un suceso donde la libertad de expresión, mal que le pese o bien que le pese al abogado de Gallardón, queda bastante maltrecha; y donde el poder político sale, digamos, superior a lo que legítimamente puedo obtener. Gracias.
La jueza, en su línea, ni me miró al concluir: —Visto para sentencia.
Pues eso. Sentencia, bonita, a por la pelotita...