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Dr. Juan Manuel Ruiz Liso

Antes de que anochezca I

¿Es justo que un parado o un medio-mileurista abone el 40% de la prestación farmacéutica y un pensionista de alto nivel con el máximo de retribuciones aproximándose a los 3.000 euros mensuales, no pague nada?

En mi calidad de ex director provincial del extinto INSALUD en Soria voy a someter a los lectores a una serie de reflexiones que dibujan un panorama poco satisfactorio en el campo de la salud, y más aún del bienestar. La situación económica del país y, por tanto, de la sanidad, condicionará queramos o no después de las elecciones del 20-N, cambios importantes en su financiación. Italia hace tiempo que tiene su ticket-regulador o pago por proceso en relación con la causa de la enfermedad o ingreso y recientemente ha aumentado las aportaciones de los usuarios. "Cuando las barbas de tu vecino....".

La asistencia sanitaria supone un gasto actual que va a ser inasumible en los próximos años. Su coste se cifra en España para 2011 en más de 82.000 millones de euros y supone cerca del 8,5% del PIB del Estado. La Farmacia se lleva un 30% de ese gasto. De aquí a 2016 la balanza económica del SNS sufrirá un aumento del gasto sanitario de entre un 11,6 y un 16,6 %, un 1-1,3% de crecimiento cada año.

Llevamos varias semanas viendo y oyendo el problema del gasto farmacéutico en algunas Comunidades Autónomas que, por diferentes motivos, hace inviable su pago a farmacias y empresas. No se libra ninguna. La huelga de Farmacias en Castilla la Mancha ha sido el primer estertor del problema.

Sin embargo, este es un problema que se veía venir hace tiempo y ahora "el monstruo" no se puede combatir ni eliminar.

Entre otras medidas pensemos que, a corto plazo, debe regularse la contribución que cada ciudadano realiza al coste de sus medicamentos. No sirve únicamente con rebajar el beneficio líquido de las farmacias y empresas farmacéuticas. Tampoco con aumentar el porcentaje de genéricos. Hay un hecho al que ningún gobierno se atreve a "hincar" el diente y que –estoy seguro– se hará en 2012, aunque nadie lo haya puesto en la mesa de negociación, por consenso de necesidad. Los pensionistas son sagrados para todos los partidos políticos y solo se les debe aportar mejoras.

Ahora bien, ¿es justo que un parado o un medio-mileurista abone el 40% de la prestación farmacéutica y un pensionista de alto nivel con el máximo de retribuciones aproximándose a los 3.000 euros mensuales, no pague nada? El "manoseado" estado de bienestar no ha contemplado esta realidad que deberá traducirse –a corto plazo– en un tramo de pagos de aportación a la prestación farmacéutica del 10, 20, 30 y 40-50% según la base de la contribución que todos los años hacemos a Hacienda. Siempre serán los enfermos crónicos –diabéticos, enfermos oncológicos, pacientes con enfermedades neuro-degenerativas, etc...– los únicos que tendrán derecho a asistencia farmacéutica gratuita.

El aumento demográfico de la población española condicionará más el crecimiento del gasto sanitario en un futuro próximo que el aumento del número de personas mayores, según señala el estudio 'Impacto de la Demografía sobre el Gasto Sanitario Futuro de las Comunidades Autónomas', presentado por la Fundación Pfizer.
Un informe, realizado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con los datos de más de 500.000 personas, mantiene que "no sólo el envejecimiento" pondrá "en aprietos" al SNS a corto plazo, ya que el aumento de la población –debido a los flujos migratorios– y la "espectacular" escalada del número de recetas –250 millones en los tres primeros meses de 2011– y las visitas al médico registradas por cada español o residente –8 veces más que la media europea–, requerirán "un esfuerzo presupuestario destacable" durante los próximos años, en el que este tipo de medidas aportadas en el párrafo anterior deberán ser aceptadas y consensuadas por todo el arco parlamentario.

La previsión del informe sobre el crecimiento del gasto hasta 2016 oscila entre los que podrían ser los valores más altos en Baleares (21,3-27,2%) y Canarias (22,3-26,1%), y los más bajos de Asturias (1,9-3%), y Castilla y León (1,8-3%).

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