
Industria recibe un aluvión de proyectos renovables ante el cambio del marco legal que regula las suculentas subvenciones que recibe el sector.
Los principales diarios económicos destacan en portada algunos temas relacionados con la tan manida economía verde que tanto le gusta a Zapatero.
El diario Expansión indica que las renovables temen perder las suculentas subvenciones que les concede el Gobierno. El nuevo reglamento del sector que está elaborando Industria ha provocado un aluvión de proyectos verdes sin precedentes en España. En los últimos seis meses la lista de peticiones para instalar nuevos megavatios de energía renovable equivale a la capacidad instalada en los últimos seis años, más de 15.000 MW. Todos quieren acogerse a las subvenciones vigentes, ya que la nueva regulación no será tan generosa.
Otro tema relacionado con la denominada "Economía Sostenible" es el que lleva Cinco Días. El diario de Prisa titula que "el Gobierno detecta un fraude en el IVA de los derechos de CO2".
El fraude fiscal en estas operaciones se concentra sobre todo en España, según la Comisión Europea. La estafa funciona de la siguiente forma: los defraudadores crean una empresa que se dedica a comprar derechos de emisión de CO2 en un país donde no existe IVA y revende estos derechos donde sí existe (como, por ejemplo, en España), sólo que le traspasa el pago del IVA al comprador final. Tras esta suculenta operación la empresa en cuestión desaparece para no dejar rastro a Hacienda.
Mientras, elEconomista informa de que Ruiz-Mateos traspasará a un fondo soberano la indemnización de Rumasa. El empresario negocia vender a varios fondos extranjeros la indemnización que obtendrá si el juez falla a favor del litigio que desde 1983 enfrenta a la familia Ruiz-Mateos con el Estado por la expropiación de Rumasa. La cantidad puede superar los 3.000 millones de euros.
Negocio señala que "varias cajas estancan la refinanciación de la inmobiliaria Aisa". Por último, La Gaceta de los Negocios advierte de que "Hacienda utiliza Sucesiones para confiscar herencias". Una ciudadana catalana se ha visto obligada a pagar en impuestos más a Hacienda que el importe procedente de una herencia familiar.