La parte del sumario judicial del 11-M que ya ha sido desclasificada está proporcionando a los pocos medios que siguen interesados en investigar lo ocurrido antes, durante y después de la masacre de Atocha jugosos titulares durante este mes de agosto. De lo último se hizo ayer eco la emisora madrileña City FM. Según informaba a primera hora de la mañana, uno de los terroristas implicados en los atentados estuvo detenido por la policía cinco días antes de la masacre. No fueron más que unas horas y al poco se le puso en libertad pero manteniendo la vigilancia telefónica que se le venía practicando desde meses antes.
El terrorista en cuestión es Otman El Gnaoui, en prisión desde el 31 de marzo del año pasado y sospechoso de haber acompañado a Jamal Ahmidan, alias El Chino, en el transporte de los explosivos desde Asturias a Madrid. La policía, en concreto la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, tenía fichados y en seguimiento a El Gnaoui y a El Chino desde hacía tiempo por un asunto de narcotráfico. Curiosamente, un día después de los atentados, fueron los propios miembros de esta brigada los que solicitaron al juez que cesasen las escuchas de la pareja que había transportado las bombas pero, de un modo inexplicable, pidieron al magistrado que les autorizase para colocar escuchas a un simple confidente proveniente del hampa, el marroquí Rafá Zouhier. Fue el pinchazo telefónico sobre Zouhier lo que recondujo a la policía a investigar de nuevo a El Chino y El Gnaoui pero esta vez olvidándose de las drogas y centrándose sobre su participación en el 11-M. Esta es, a trazos gruesos, la versión oficial de lo ocurrido, pero algo no cuadra. La noche anterior a la masacre, la policía despertó de madrugada a una mujer, propietaria de un Toyota Corolla, para indagar sobre la matrícula de su automóvil. Esa matrícula había sido la que los terroristas habían doblado para pasar desapercibidos en el viaje que les condujo hasta la capital.
Con esta revelación se abre una buena batería de preguntas que alguien en la Policía debería empezar a responder cuanto antes. ¿Por qué se interrumpieron las escuchas a El Chino y a El Gnaoui a la vez que se pedía vigilancia para un delincuente de poca monta como Zouhier?, ¿por qué, si no había motivos para mantener a El Gnaoui en comisaría cinco días antes, se despertó a una mujer de madrugada para interrogarla sobre la matrícula de su coche?, ¿acaso es que los agentes no las tenían todas consigo o es que se olían algo pero no sabían exactamente el qué? Si la policía hubiese continuado escuchando las conversaciones de El Chino, uno de los autores materiales de la masacre a fin de cuentas, muy probablemente se hubiera evitado que éste, junto a 6 terroristas más, se autoinmolase en Leganés dos semanas después? Es sangrante reconocerlo, pero del 12 de marzo hasta el 3 de abril El Chino permaneció en paradero desconocido porque unos policías decidieron que no había necesidad de vigilarle. En cambio, si que la había –y muy urgente- de hacerlo con Rafá Zouhier, uno de los pelanas más insignes de la trama.
Esta del cuerpo antidroga de la Policía y el extraño caso de dos sospechosos de primer nivel a los que se le retira la vigilancia es un enigma más que se suma a los más de 60 que varios medios han recopilado para que al juez no le fallen las cuentas. La investigación sobre el 11-M está más viva que nunca a pesar de que el PSOE y su imperio mediático insisten en mirar hacia otro lado. El ministro del Interior debe comparecer sin más demora en el Congreso para dar cuenta de esta y de todas las informaciones nuevas que han salido a la luz a lo largo del verano. La Comisión parlamentaria, por su parte, debe reabrirse en septiembre. El cierre en falso del pasado 30 de junio es un fraude a todos los españoles y una villanía hacía las víctimas que una nación democrática como la nuestra no se puede permitir.
