Ante la imparable pérdida de respaldo electoral que está sufriendo tanto en los sondeos como en las últimas consultas electorales, la dirección nacional del PP ha decidido modificar el relato sobre el cumplimiento de su programa electoral: a partir de ahora ya no va a justificar el incumplimiento de sus promesas con la mala herencia recibida del anterior Gobierno socialista, sino que, directamente, va a negar el incumplimiento.
A tal fin, Génova ha elaborado un informe, que será repartido en los próximos días a portavoces y candidatos del partido, según el cual el Gobierno ya habría cumplido más del 90% de su programa.
No es de extrañar que semejante estrategia cause escepticismo entre los propios miembros del PP, pues se trata de un burdo intento de manipulación propagandística, probablemente contraproducente. No otra cosa es reducir las promesas y compromisos electorales a las vagas y poco comprometedoras medidas que se plasmaron en el programa electoral del PP. Aun teniendo estas últimas como único referente de los compromisos populares, cualquiera puede constatar que el Gobierno no ha cumplido la inmensa mayoría.
¿Quiere hacer creer Génova que el compromiso de "poner en orden las cuentas públicas" lo ha cumplido un Gobierno que ha incumplido todos sus objetivos anuales de reducción del déficit y que ha incrementado la deuda pública a un ritmo aun mayor que en los peores tiempos de Zapatero? ¿Puede señalar Génova reforma alguna en el mercado energético que convierta en cumplida su promesa de una "energía de calidad para impulsar la economía"? ¿El hecho de que el nivel de desempleo sea todavía similar al que dejó Zapatero es, acaso, prueba de que se ha alcanzado el compromiso de lograr un "empleo seguro y flexible para todos"?
Es cierto que, al final de la legislatura, el Gobierno ha bajado algo unos pocos impuestos; pero no tanto como los subió al llegar al poder, por lo que hay que denunciar el neto incumplimiento de su promesa de "mantener y en su caso reducir" la presión fiscal.
¿Puede el PP aportar un solo informe que pruebe que España ha mejorado "la calidad de la enseñanza", o que haya logrado tener "universidades de excelencia", tal y como prometía en su programa electoral? ¿Puede aportar el Gobierno de Rajoy un solo dato que pruebe la mejoría del "bienestar de nuestros mayores"? ¿Y qué decir del clamoroso incumplimiento de las decenas de medidas incluidas en el epígrafe destinado a lograr que "la Administración sea motor del cambio"? ¿Dónde esta la "transparencia" y la "austeridad" de una Administración pública absolutamente sobredimensionada, que sigue acaparando más de la mitad de la renta nacional? ¿Dónde está el cumplimiento de todas las medidas destinadas a lograr que "las autonomías se comprometan con el interés general"? ¿Donde están las "sanciones" prometidas contra los gobernantes autonómicos que no cumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria? ¿Acaso se ha cumplido el programa electoral del PP en lo relacionado con el mantenimiento de traductores de lenguas regionales en el Senado, o en la consumación de la dispersión del archivo de Salamanca? La pila de millones que el Fondo de Liquidez Autonómica ha destinado durante todos estos años a una Administración regional como la catalana, embarcada en un carísimo e ilegal proceso de construcción nacional, ¿es acaso la muestra del cumplimiento de las medidas destinadas a lograr "el compromiso de las autonomías con el interés general"? ¿Lo es acaso la ausencia de trasvases entre la España seca y la España húmeda?
El hecho de que el PP no plasmara todas sus promesas en su programa electoral no impide denunciar su incumplimiento. Tampoco impide recordar que sí se comprometía, más modestamente, a "delimitar con precisión las competencias de las distintas Administraciones para evitar duplicidades del gasto", y que cuatro años después esa "delimitación" de competencias y esa "erradicación de duplicidades" siguen brillando por su ausencia.
El PP también se comprometió a lograr la "completa desaparición" de ETA "sin impunidad" y mediante el "reconocimiento y la reparación del daño causado". ¿Es acaso muestra de cumplimiento la masiva excarcelación de etarras bajo el Gobierno de Rajoy? ¿Lo es el caso de los etarras fugados, o el de los muchos crímenes que no han sido enjuiciados? ¿Lo es la presencia de los proetarras en las instituciones?
El anuncio por el que el entonces recién nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometía a cambiar el politizado sistema de designación de miembros del Consejo del Poder Judicial pudo concitar la esperanza de que el Gobierno iba a cumplir su vago compromiso de "fortalecer la independencia" de la Administración de Justicia. Sin embargo, es público y notorio que ese encomiable anuncio fue inmediatamente metido en el cajón del olvido, sin que el ministro tuviera la decencia de presentar su dimisión por tal motivo. ¿Dónde está el cumplimiento de todas las medidas contempladas en el programa electoral destinadas a lograr la "regeneración política e institucional", o a obtener una "justicia ágil y previsible", o a reforzar "el prestigio del Tribunal Constitucional"?
Considerar que la traición del PP a su ideario y a su programa electoral se reduce a la cuestión del aborto es un insulto a la inteligencia de los españoles sólo superado por la pretensión de hacerlos creer que ha cumplido sus compromisos en defensa de la vida humana en su fase embrionaria y fetal.
Siempre fue delirante que los propagandistas del PP utilizaran la "mala herencia recibida" como excusa para el incumplimiento del programa electoral popular y la adopción de una política continuista respecto a la llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista. Negar ahora ese incumplimiento electoral sólo va a servir de recordatorio de hasta qué punto ésta ha sido la tercera legislatura del zapaterato.