Vaya por delante, y valga el símil cinematográfico, que un delito es un delito, lo perpetre el sofisticado y concienzudo equipo de Ocean's Eleven o la cutre y chapucera banda de Torrente. Con todo, hay que reconocer que, desde que Artur Mas reiterara hace escasamente una semana que el Gobierno de Cataluña "mantiene el objetivo de organizar la consulta el 9-N", no se puede negar que la Generalidad esté escatimando esfuerzos y recursos a los preparativos del ilegal desafío separatista: más de 6.400 mesas electorales repartidas en más de 1.200 locales cedidos por los ayuntamientos o pertenecientes a colegios de la red pública; algo más de 30.000 voluntarios para atender los puntos de votación y realizar el recuento, de los que 6.000 serán funcionarios; 938 de los 947 municipios catalanes a disposición de los potenciales votantes y una campaña mediática a cargo de TV3 y Catalunya Ràdio que estimula la participación ciudadana…
El tiempo dirá si finalmente se perpetra lo que constituye un monumental fraude de ley, ya se llame referéndum, consulta o proceso participativo. Sea como fuere, lo que debería estar claro para todo el mundo es que la inexistencia de un censo previo –se elaborará conforme se vote–, la inexistencia de una jornada de reflexión y el hecho de que se pueda votar durante quince días no quitan gravedad ni hace menos ilegal –más bien lo contrario– una votación tan engañosa como contraria a derecho.
Cosa distinta, aunque resulte aun más lamentable, es que el Gobierno de Rajoy, para justificar su pasividad a la hora de intervenir la Administración regional catalana o sentar en el banquillo a sus gobernantes, prefiera no ver la desobediencia, la prevaricación, la usurpación de atribuciones, la malversación de fondos públicos o el fraude de ley que se está perpetrando en Cataluña, y no sólo en relación a la votación del 9-N, con la que ni empieza ni acaba la rebelión institucionalizada.
Cosa distinta, y no menos lamentable, es que para justificar esa falta de reacción del Gobierno del PP haya medios de comunicación que prefieran ridiculizar y quitar gravedad al desafío separatista, o lo den directamente por disipado, tal y como hace una semana hacía buena parte de la prensa madrileña con titulares tales como "La ley doblega a Artur Mas", "La Ley vence a Mas" o "Más se rinde".
Lo cierto es que a día de hoy Mas sigue empeñado en llevar adelante su ilegal desafío secesionista, introduciendo escasos maquillajes, tal y como tenía previsto y planificado desde hace años el Consejo Asesor para la Transición Nacional, organismo de cuya existencia tampoco en Madrid quieren darse por enterados.