El reciente secuestro y asesinato de un bebé en Almería ha vuelto a poner de manifiesto la crueldad con que pueden actuar algunos seres humanos, capaces con sus acciones de horrorizar a toda una sociedad. La respuesta del Estado ante estos delitos ha de ser proporcional a la gravedad del crimen cometido, algo que lamentablemente no se cumple en España, como ha quedado patente en las resoluciones judiciales de los asesinatos de Sandra Palo o Marta del Castillo, por poner dos de los ejemplos más conocidos.
El Partido Popular se presentó a las elecciones generales con la promesa de modificar el Código Penal para incluir la cadena perpetua como castigo a los crímenes más graves. Bajo el eufemismo de "prisión permanente revisable", necesario para cumplir las exigencias de la Constitución Española en su artículo 25.2, Alberto Ruiz-Gallardón anunció el pasado mes de septiembre su decisión de incluir en esta categoría los delitos de terrorismo, el magnicidio o determinados asesinatos del máximo reproche penal, como los cometidos contra menores de edad o discapacitados. Con esta modificación legal, la puesta en libertad de un asesino condenado a la referida pena no operaría de forma automática al agotarse la estancia máxima en prisión permitida por las leyes, sino que a partir de ese momento tendrían que cumplirse otros requisitos esenciales, sin los cuales la permanencia indefinida del criminal en la cárcel quedaría garantizada.
La reforma de nuestro Código Penal, todavía en fase de anteproyecto, está en estos momentos pendiente del informe preceptivo del Consejo de Estado y del criterio del Consejo General del Poder Judicial. Cumplidas ambas diligencias, comenzará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, que las Cortes Generales habrán de validar para su aprobación y entrada en vigor. La izquierda ya ha manifestado su reticencia, cuando no su abierta oposición, a considerar siquiera esta figura penal, habitual en la mayoría de los países democráticos. Cabe esperar del Gobierno y del partido que lo apoya en el Parlamento la máxima firmeza en la defensa del criterio que ha dado origen a esta necesaria iniciativa legal, sin la cual las víctimas de crímenes horrendos seguirán sin recibir justicia y sus familiares sin obtener el amparo que merecen de un Estado de Derecho que se precie de serlo.