Después de su nefasta actuación el pasado domingo –primero se escondió en su despacho y después intentó acaparar las cámaras que Aznar y su mujer quisieron reservar para Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy–, Gallardón vuelve a la carga anunciando una de sus brillantes ideas adquiridas en los saldos de la progresía intervencionista. Esta vez, pretende poner en práctica en la capital de España el instrumento con el que el Gobierno quiso compensar a los ayuntamientos por la supresión del IAE para las PYMES y los autónomos. Es decir, quiere recargar el IBI de las viviendas vacías hasta un cincuenta por ciento, posibilidad introducida en la reforma de la Ley de Haciendas Locales del pasado enero.
No obstante, y como el “problema” reside precisamente en saber qué viviendas están “vacías”, el consistorio madrileño, según Juan Bravo, está “en conversaciones con la Administración del Estado con el fin de que modifique la ley de Haciendas Locales” para introducir “la obligación legal del sujeto pasivo de autodeclarar la situación de su vivienda vacía”. Es decir, Gallardón pretende que los propietarios corran a la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid a confesarse, por imperativo legal, como “acaparadores” de viviendas para recibir el “justo” castigo fiscal a su “pecado”. Ello, naturalmente, con el objeto de aliviar la carestía de la vivienda por la vía de la promoción forzosa del alquiler. Pero, como ya señalamos en su día, para censar las “viviendas vacías” sería preciso un cuerpo específico de inspectores de vivienda o de policía inmobiliaria. Aunque no hay que descartar que en el ánimo de Gallardón esté crear una brigada especial de la Policía Municipal –financiada con los recargos sobre el IBI– para ir preguntando puerta por puerta sobre la situación de cada vivienda, lo cierto es que existen muchas y diversas formas de “ocupar” sobre el papel una vivienda “vacía”. Sin ir más lejos, empadronando en ella a los hijos mayores de edad que convivan aún con los padres y para los que, en la mayoría de los casos, está reservada esa vivienda “vacía” cuando decidan emanciparse y abandonar el domicilio paterno.
Insistiremos una vez más en que los propietarios de viviendas “vacías” no son tan necios como para renunciar a una renta de alquiler que, según deben creer Gallardón y sus colaboradores, es tan fácil de obtener. Las 160.000 viviendas vacías que, según los datos del INE, existen en la ciudad de Madrid, son el más elocuente testigo de que la Ley de Arrendamientos Urbanos y la justicia civil en materia de arrendamientos deja muchísimo que desear, especialmente en lo que concierne al desalojo por impago de las rentas o a las indemnizaciones por destrozos. Pero, de cualquier modo, hay que dejar claro que el propietario de la vivienda “vacía” debería ser muy dueño de hacer lo que le parezca oportuno con su inmueble, sin que por ello deba sufrir un castigo específico; pues ya asume los costes fiscales, de comunidad y de mantenimiento de su propiedad que, en muchísimos casos, pueden superar en conjunto los 2.000 euros al año. Máxime cuando la principal raíz del problema de la vivienda se encuentra precisamente, por lo menos en lo que toca a Madrid, en la Ley del Suelo autonómica que promulgó el propio Gallardón. Y cuando, además, el propietario de la vivienda ya ha contribuido suficientemente al bienestar y a la riqueza nacional estimulando el sector de la construcción; y al erario público pagando el IRPF asociado a la mera tenencia de una vivienda, amén del IVA o del ITP en el momento de la compra. Y cuando la vende, la famosa “plusvalía” (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos) y el IRPF asociado al incremento patrimonial que aflore en esa venta.
El actual alcalde de Madrid no debería olvidar que ocupó la presidencia de la Comunidad de Madrid y hoy es alcalde de la capital de España, no por la adhesión del votante de derechas –menos aún del de izquierdas– a su persona o su política, sino por representar en ambos casos la política del Partido Popular, mucho más cercana a las convicciones liberales de Esperanza Aguirre que al intervencionismo abiertamente socialdemócrata de un Gallardón mimado por Polanco y siempre pendiente de los guiños de la “progresía”. La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá sobrada ocasión de demostrar sus convicciones liberales en materia de impuestos –sucesiones– y de vivienda. Ha prometido aumentar la oferta de suelo urbanizable e incentivar el alquiler sin practicar la extorsión fiscal. Y no sería mala idea que también se planteara una verdadera liberalización del suelo y rechazara la financiación cautiva del IVIMA –una idea de Gallardón– a cuenta de las fianzas que deben depositar los escasos propietarios que se atreven a alquilar sus viviendas, y que supone, por cierto, la cuarta parte del presupuesto de ese organismo público. Todo esto sería impensable con Gallardón... pero aun queda Esperanza.