Una semana después de celebradas las elecciones generales, Mariano Rajoy mantiene su agenda vacía de cualquier contenido relacionado con la necesaria formación de un nuevo Ejecutivo. En otras condiciones, esta dilación sería un prudente paréntesis destinado a analizar en profundidad los resultados obtenidos por unos y otros, pero, tratándose de la segunda vez que se convoca a la ciudadanía a las urnas en el plazo de seis meses, es un retraso intencionado que va claramente en contra de los intereses generales de los españoles.
A la vista de los resultados electorales del 26-J, corresponde a Mariano Rajoy tomar la iniciativa para lograr una investidura que permita a España dejar atrás la parálisis institucional. También era su obligación tras las elecciones del 20-D como candidato del partido ganador, pero su cobardía política y su falta de compromiso le llevaron a rechazar el encargo formal del Rey para formar Gobierno, lo nunca visto en nuestra democracia.
No cabe bajo ningún concepto incurrir en el mismo error, por más que el cálculo político de los dirigentes populares les incite a seguir dilatando en el tiempo este proceso.
Mariano Rajoy debe tomar la iniciativa y debe hacerlo ya. Es el presidente en funciones, el candidato del partido más votado y uno de los responsables de que se hayan tenido que repetir las elecciones. Por todo ello, no se entiende que no haya convocado ya a PSOE y Ciudadanos a un diálogo para explorar las posibilidades de afrontar con éxito el proceso de investidura. Las dos formaciones tienen la llave del futuro político de España y es a ellas, en primer lugar, a las que debe dirigirse el presidente en funciones si quiere hacer un esfuerzo sincero.
Esos dos partidos nacionales, uno socialdemócrata y otro de centroderecha, deben ser los referentes para iniciar este proceso, antes de introducir en la ecuación a agentes desestabilizadores como son, sin excepción, los partidos nacionalistas. Con estos últimos parecen tener los populares mejor sintonía, tal vez porque en el pasado posibilitaron Gobiernos en minoría del PP.
Si en esas otras ocasiones aprovecharon la circunstancia para obtener de forma abusiva un trato privilegiado, es fácil suponer lo que puede costarle a la Nación un acuerdo en esta hora dificilísima, en que de hecho una Administración regional anda inmersa en un proceso ilegal de secesión que amenaza con generar una crisis de incalculables consecuencias.