La última jugada del fiscal Horrach para tratar de exculpar a la Infanta Cristina confirma la tesis del juez del caso, al considerar a la hermana del Rey colaboradora y beneficiaria de los presuntos delitos económicos perpetrados por el entramado societario arracimado en torno al Instituto Nóos. La declaración del contable del grupo supone además un mazazo para Urdangarín y su socio, que con esta confesión de su empleado quedan sentenciados a un futuro judicial más que ominoso. El grado de detalle con que Marco Antonio Tejeiro explica los manejos de ambos al frente del grupo Nóos, fruto de su conocimiento directo de los mecanismos delictivos diseñados para estafar a las administraciones públicas y al fisco, es probablemente la garantía de una sentencia bastante más dura de lo que los dos socios habían previsto cuando la instrucción daba sus primeros pasos.
El último esfuerzo (por el momento) para librar a la Infanta Cristina de toda responsabilidad en el saqueo masivo de fondos públicos del que se estuvo beneficiando durante años no ha tenido técnicamente el efecto real que los muñidores de la operación sin duda pretendían. No sólo no desaparecen las sospechas sobre la participación de Cristina de Borbón en el entramado delictivo, sino que se corrobora su responsabilidad y se agrava sustancialmente la de su esposo. Ahora bien, en esta maniobra que con tenacidad digna de mejor causa está pilotando el ministro de Justicia a través de la fiscalía, lo de menos es la calidad jurídica de los argumentos esgrimidos. Se trata de encontrar un fuero judicial que dé cobertura a las pretensiones de carácter político de Ruiz Gallardón, con el fin de rendir un presunto servicio a la Corona que su actual titular, desde luego, no le ha pedido.
Muy al contrario, la eventual retirada de la imputación a la Infanta Cristina con argumentos tan pobres como los que han aparecido hasta el momento sería un escándalo que afectaría extraordinariamente a los reyes de España desde practicamente el inicio de su reinado. La opinión pública difícilmente admitiría la imagen de Urdangarín y el matrimonio Torres en un banquillo del que estuviera ausente la esposa del principal dirigente de la trama y máxima beneficiaria, junto a él, de los delitos perpetrados.
Pero el hecho de que sus gestiones torticeras puedan perjudicar al actual monarca no parece hacer mella en Ruiz Gallardón, cuya fidelidad desde luego parece tener otro destinatario. Si nadie lo remedia todo parece encaminarse a un cierre en falso del caso del mayor escándalo de corrupción de nuestra historia democrática por la identidad de los imputados, y sobre todo de la no imputada, con el que quedará sentado para años futuros el principio de que en la España de Felipe VI la Justicia tampoco es igual para todos.