El impulso renovador que trajo José Luis Rodríguez Zapatero al PSOE duró menos de año y medio, justo hasta que González y Polanco se cansaron de la “oposición tranquila” de Zapatero y temieron malquistarse con sus “amigos” del PNV a cuenta de Redondo Terreros. Pero mientras duró ese impulso, Zapatero hizo dos grandes contribuciones al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. La más importante de las dos fue el Pacto Antiterrorista, con el que, en apenas tres años, se ha dado un paso de gigante en la lucha contra ETA y sus pantallas políticas. Y la otra gran contribución fue el Pacto de la Justicia, donde PSOE y PP se comprometieron a despolitizar la Justicia.
Este segundo pacto, sin embargo, no ha sido tan ambicioso ni fructífero como el primero. Aunque es cierto que el nuevo mecanismo de elección de los vocales del CGPJ ha perdido buena parte de la politización de antaño, que impusieron los primeros gobiernos del PSOE –designación directa desde el Parlamento en función de la relación de fuerzas políticas– para introducir una selección previa a través de las asociaciones de jueces y magistrados, la decisión final sigue correspondiendo al Parlamento en función del mismo sistema de cuotas, con lo que la politización subsiste aunque sea en segunda instancia.
Es en el ámbito de la Fiscalía donde se han producido los cambios más llamativos y que más contribuyen a la despolitización de Justicia. Del nombramiento a perpetuidad se ha pasado a la temporalidad (cinco años), en cumplimiento del punto 9 del Pacto, que se materializó en el nuevo Estatuto Fiscal aprobado el pasado mayo. Por cierto, con el voto en contra del PSOE, que, abandonada ya la “oposición tranquila”, se obstinaba en introducir la temporalidad también en el caso del Fiscal General del Estado –una pretensión fuera de lugar, pues ese cargo, por razones obvias, ha sido siempre de designación directa por parte del Gobierno, tal y como prescribe el Art. 124 de la Constitución.
Desde que Zapatero abandonó el espíritu renovador y el compromiso con el buen funcionamiento de las instituciones, sólo le interesa ganar o conservar cuotas de poder. Y por eso precisamente ha amenazado con romper el Pacto de la Justicia, ya que, según él, “el Gobierno ha usado el pacto de manera espuria para ganar espacios de poder político en los órganos de poder judicial, especialmente para hacer todo un cambio en la Fiscalía con actuaciones que son sencillamente intolerables”. Habría que recordarle a Zapatero que ese cambio en la Fiscalía es precisamente el mismo que López Aguilar acordó con Acebes, cuando éste era ministro de Justicia. El todavía líder del PSOE no puede esperar ni exigir, en nombre de un Pacto por la despolitización de la Justicia, que fiscales como Villarejo y Bermejo, que siempre han blasonado de su simpatía política por la Izquierda –como han demostrado en la famosa “trama inmobiliaria”–, que fueron colocados en sus puestos por el PSOE, que nunca han renunciado a hacer política desde sus cargos y que llevaban camino de “morir con la toga puesta”, tuvieran que ser salvados de la “quema” sólo porque Zapatero no quiere perder “espacios de poder político”.
Es evidente que a Zapatero, le duelen los pactos que firmó con el PP porque no le salen las cuentas del poder. Sin embargo, esta clase de pactos de Estado no se firmaron –o mejor dicho, no deberían haberse firmado– para repartir cuotas de poder sino para garantizar la independencia y la credibilidad de las instituciones, las cuales el PSOE de González dejó por los suelos. Si Zapatero realmente quería una Justicia independiente, lo que tendría que haber propuesto es un sistema de selección de jueces y fiscales en el que no intervenga para nada el poder político. Pero como, en el fondo, el PSOE –tampoco el PP– quiere resucitar a Montesquieu, Zapatero no habla de independencia, sino de “espacios de poder”. El subconsciente le traiciona.
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