Está visto que las pulsiones totalitarias de los podemitas y de sus compañeros de viaje van mucho más allá de la ridícula pretensión de boicotear a Coca Cola y prohibir su consumo en el Congreso y en el Senado. Buen ejemplo de ello es el fichero con datos de carácter personal de agentes de policía, bajo la gestión de la llamada Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana, con el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pretende recabar no sólo datos identificativos como el DNI, la dirección, el teléfono y el correo electrónico de los agentes, sino su estado civil, su lengua materna, su lengua vehicular preferida, sus propiedades, sus cuentas bancarias, su historial crediticio, sus seguros, sus hipotecas, sus tarjetas de crédito, su participación en negocios, sus aficiones, su estilo de vida, su pertenencia a clubes o asociaciones o sus suscripciones a medios informativos.
Es más, en el anuncio que aparecía en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 23 de febrero se informaba de que dicho fichero pretende recabar también datos especialmente protegidos, como "la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial o étnico, la salud (enfermedades, discapacidades...), la vida sexual, [su implicación en] violencia de género", que la unidad utilizaría en casos "especialmente relevantes para una investigación concreta".
Ni que decir tiene que si semejante iniciativa partiera de sus adversarios políticos, la extrema izquierda liberticida que representan Podemos y su filial Barcelona en Comú pondrían el grito en el cielo acusando a sus promotores de incurrir en prácticas propias de la Gestapo. Pero como semejante iniciativa ha partido de ellos, la ubican en el ámbito de la deontología y en el de los asuntos internos de la Guardia Urbana. Aunque igual alguno especialmente sinvergüenza se desmarca diciendo que se trata de un homenaje a la Stasi.
Al margen de cuál sea su finalidad, la pretensión de Colau de tener fichados a todos los policías, incluso a "funcionarios relacionados con informaciones reservados y/o en procedimientos relacionados", con semejante información personal, no sólo viola la Ley de Protección de Datos sino la propia Constitución, que, en el apartado dedicado a los derechos y libertades fundamentales, proscribe claramente cualquier discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Hace bien, por tanto, el CSIF –el sindicato mayoritario entre los trabajadores municipales– en anunciar que tomará medidas legales contra el fichero de la alcaldesa tanto como acierta el PP al protestar y al exigir a Colau su retirada.
Sea como fuere, lo cierto es que la alcaldesa de Barcelona no está sola en sus pretensiones totalitarias: recuérdese que lo primero que pidió Pablo Iglesias al PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez fue algo tan ajeno a la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social como una Vicepresidencia de la que dependieran directamente el CIS, el BOE y el Centro Nacional de Inteligencia. Muy propio de los que, puño en alto y bajo la efigie de Lenin, se han desgañitado cantando La Internacional.