El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha manifestado este miércoles que su grupo está dispuesto a reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios, excepto la posibilidad de adopción, y que presentará una iniciativa parlamentaria muy “avanzada” y “centrada” al mismo tiempo, frente a la "propuesta radical" del Gobierno de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Podrá molestar contemplar el bajo perfil intelectual y la forma acomplejada y a la defensiva con la que el PP en general y Zaplana en particular, defienden unas tesis secundadas, tanto por asociaciones de psicólogos y pediatras como por la antropología, el derecho, por la razón, por el acertado sentido del lenguaje o por esa, todavía, amplia mayoría de la sociedad española que no ha rendido su sentido común a las tesis políticamente correctas de nuestras “elites políticas y mediáticas”.
Sin embargo, aunque Zaplana en sus formas no haya hecho justicia al fondo, bien está que el PP respalde —tal y como por cierto, estaba en su programa electoral— que las parejas homosexuales que quieran hacerlo, doten a su convivencia de los mismos efectos jurídicos, de los que ciertamente no sólo se venían hasta ahora beneficiando los matrimonios con hijos. Sin embargo, llamar “matrimonio”, como el PSOE pretende, a lo que en realidad es una unión, aunque se pretenda estable, entre personas del mismo sexo, más que una “propuesta radical” es un contrasentido o una memez equiparable a reclamar una “primera comunión por lo civil”.
Con todo, mucho más grave que esta afrenta al lenguaje o al riesgo de ampliar el número de parejas que se están indebidamente beneficiando sin cumplir los requisitos en los que ese tratamiento privilegiado encuentra su justificación, es lo de conceder derechos de adopción a parejas del mismo sexo que claramente perjudican los derechos de menor. Aquí no se entiende que el PP no pase mucho más a la ofensiva.
Frente al falso debate que centra la cuestión en los derechos de los homosexuales, no creemos que sea necesario recordar —aunque en el caso de Zaplana no hubiera estado de más— el séptimo principio de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que estipula que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; o el Convenio de La Haya de 1993, que regula la adopción internacional y que tan claramente sostiene que la adopción no es un derecho de los padres a tener un hijo, sino un derecho de los niños a tener unos padres.
Tampoco hubiera estado de más sacar a colación a los muchos expertos que, desde distintos ámbitos profesionales, pero todos ellos pertinentes, han alzado la voz para denunciar lo contraproducente que es para el niño privarle de las figura de la madre o del padre. Las relaciones humanas son sexuadas, y la figura del padre y de la madre son diferenciadas e imprescindibles para la adecuada socialización del niño.
Para el niño, mucho mayor perjuicio supone condenarlo desde el principio a no tener la figura materna o paterna, privación a la que irremediablemente desemboca este falso derecho de adopción por parte de los homosexuales, que el que podría resultar de erradicar muchos de los impedimentos que la legislación impone por razón, por ejemplo, de edad de los adoptantes. El concepto de viejo es relativo, y sin embargo en no pocas comunidades autónomas los heterosexuales mayores de 40 años no pueden adoptar a un recién nacido.
En lugar de “centrarse” tanto por tratar de convencer a los que ya están convencidos y a los que nunca lo van a estar, de que lo que rige la propuesta del PP “es el respeto a la libertad de los individuos, a su intimidad y a su orientación sexual”, Zaplana debería haber hecho mucho más hincapié en los derechos del niño. No sólo se cargaría así de más razón, sino que muchos más se la darían.