No sabemos lo que tardará la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, en presentar su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo, una vez que ha sido imputada por la juez Alaya, junto a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, en el caso de los ERE. Lo que, a la vista del auto de la juez, no deja lugar a dudas es que la reciente decisión de José Antonio Griñán de no volver a presentarse a la presidencia del Gobierno andaluz estaba –por mucho que se haya negado– directamente relacionada con este monumental escándalo de corrupción, por el que él también terminará, muy probablemente, imputado.
El auto considera que Álvarez, en el tiempo en que fue consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves –de 1994 al 2004– fue la "persona que dictó las normas" que facilitaron el "uso indebido" de las llamadas transferencias de financiación como subvenciones sociolaborales. Pero no hay que olvidar que cuando Griñán la relevó en el cargo no hizo nada por cambiar esa normativa fuente de corrupción sino que la mantuvo, al tiempo que ignoraba los informes de la Intervención General del Estado de 2005, 2006 y 2007 que le advirtieron del irregular y absolutamente descontrolado procedimiento administrativo escogido para tramitar los polémicos ERE y las ayudas a empresas en crisis.
Tal y como argumenta Pedro de Tena en nuestro periódico, sólo la voluntad de la juez Alaya de tener atado y bien atado el sumario antes de imputar a un aforado, lo que haría que el caso pasara a instancias superiores, explica el que Griñan todavía no haya sido llamado a declarar en tal condición.
A este respecto, el PSOE podrá acusar a la juez de hacer una "causa general" contra el Gobierno andaluz, con la misma desfachatez con la que Griñán decidió en su día que la Junta se personara en la causa como acusación particular; pero el hecho cierto es que este monumental caso de corrupción, el más grave de nuestra democracia y por el que se han desviado más de 1.000 millones de euros, no es obra de unos pocos garbanzos negros que actuaran por su cuenta, sino que es una trama institucionalizada de corrupción que no hubiera sido posible sin la condescendencia, cuando no la complicidad, de las más altas instancias de la Junta. Prueba de ello son el centenar de imputaciones que lleva la causa o la "connivencia de los sindicatos", que también denunciaba Alaya en uno de sus últimos autos.
Es este ambiente generalizado e institucionalizado de corrupción que Andalucía vive desde hace décadas lo que ha hecho posible un escándalo de esta envergadura. En cualquier país de nuestro entorno, una persona con tan baja capacidad y preparación como la que evidencia Magdalena Álvarez nunca habría llegado a los puestos de responsabilidad que ella ha alcanzado. Y sujetos como Griñán o Chaves hace tiempo habrían tenido que abandonar la vida política. Aquí parece que no puedan tener otra.