No es la primera vez que el Tribunal Constitucional da orden de suspender una resolución aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña destinada a subvertir el orden constitucional. Ya lo hizo en enero del año pasado, con la no menos golpista resolución de 2013 que proclamaba al pueblo de Cataluña "sujeto político y jurídico soberano"; como también lo hizo, meses después, con dos sentencias casi consecutivas que prohibían expresamente la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
Hay que advertir, sin embargo, que es la primera vez que el TC, junto a la suspensión y declaración de inconstitucionalidad de una resolución, adjunta una serie de claras advertencias respecto de las consecuencias que tendría una desobediencia a su pronunciamiento. Así, los once magistrados han acordado notificar su dictamen al presidente de la Generalidad en funciones, Artur Mas; a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, así como a todos los miembros de la Mesa de dicha cámara y a su secretario y a los consellers –en total, 21 altos cargos–, a los que avisa de que podrían ser suspendidos en sus funciones y perseguidos penalmente en caso de desobediencia.
A pesar de este novedoso elemento disuasorio –fruto del historial de desobediencias de los nacionalistas tanto como de la reciente reforma de la ley del TC que asigna a éste facultades ejecutivas más propias del Gobierno–, es de temer que de nada vaya a servir mientras el Ejecutivo –con el insensato acuerdo de PSOE y Ciudadanos– no se atreva a decir qué va a hacer para asegurar el acatamiento de la legalidad.
La Generalidad, tal y como ya hiciera con los tres pronunciamientos anteriores del TC respecto del proceso secesionista iniciado en 2012, no ha tardado ni veinticuatro horas en proclamar su desobediencia. Así, la vicepresidenta y portavoz en funciones Neus Munté anunció este miércoles que "la voluntad política del Gobierno [catalán] es tirar adelante" y "obedecer al pueblo de Cataluña".
Ciertamente, la única voluntad de acatamiento de los sediciosos gobernantes regionales es la que están exhibiendo ante los batasunos de la CUP, a los que Junts pel Sí ha ofrecido una presidencia coral, con tal de que Artur Mas la encabece. Así las cosas, se entiende que buena parte del empresariado catalán, que hasta hace nada guardaba silencio o incluso respaldaba el proceso secesionista, se muestre ahora "desesperado" y manifieste que "hay que parar esto como sea".
Lo que parece evidente es que, con o sin Mas al frente de la Generalidad, los separatistas van a ir a más mientras no se les sofoque con la misma contundencia con la que ellos tratan de hacer añicos lo que queda de España en Cataluña.