"Rajoy es una persona de fiar, que ha dicho que garantiza el trasvase Tajo-Segura y del Ebro, y lo hará". Estas palabras, pronunciadas por el ex presidente del Gobierno, José María Aznar en Murcia el pasado 4 de marzo de 2008, parecían haber sido confirmadas por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el pasado 16 de octubre al afirmar que había acordado con Rajoy su continuidad al frente del PP murciano a cambio del renovado compromiso de mantener el trasvase Tajo-Segura y el Plan Hidrológico Nacional, incluido el trasvase del Ebro derogado por el Gobierno de Zapatero.
Ciertamente el respaldo a los trasvases ha sido, al menos hasta ahora, una seña de identidad del PP y una prueba de su compromiso con la unidad, solidaridad y vertebración de España. Sin embargo, la disposición del PP castellano-manchego, presidido por María Dolores de Cospedal, a respaldar el nuevo estatuto de autonomía de esa comunidad autónoma, que prácticamente blinda el caudal del Tajo y hace inviable su trasvase a la cuenca del Segura, está llevando al PP a un cisma interno que Rajoy hasta ahora no ha sabido solucionar.
Los defensores de ese blindaje niegan que sea tal, alegando que tan sólo se trata de una "reserva estratégica" para garantizar las demandas de la cuenca hidrográfica del Tajo. Sin embargo, los caudales del Tajo ya están regulados y ya contemplaban una reserva, de tal forma que si en los embalses de cabecera existían 240 Hm3 o menos de agua, no se podía transvasar agua bajo ningún concepto. Elevar esa reserva nada menos que a los 6.000 Hm3 es convertir esa "reserva" en un eufemismo para disimular un blindaje de facto.
Para que se hagan una idea los lectores, a día de hoy y gracias a las copiosas lluvias de las últimas semanas, hay en los embalses un excedente, sobre la reserva ya acumulada de los 240 hm3, de 3.000 Hm3 de agua. Ese evidente excedente de agua sería, sin embargo, deficitario si la reserva se elevara a los 6.000 Hm3. Ha habido años que ni siquiera el Ebro ha vertido tanta agua ecológicamente excedente al mar. Y prueba de que esa cantidad de reserva supone en realidad el fin del trasvase Tajo-Segura es que así lo ha reconocido sin tapujos la nada sospechosa portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez.
Naturalmente la derogación de facto del Tajo-Segura sería mucho más llevadera –incluso a veces irrelevante– si estuviera en funcionamiento el trasvase del Ebro, no digamos ya nada si hubiera un auténtico mercado del agua con títulos de propiedad que evidenciase económicamente la irracionalidad de no llevar agua de donde sobra a donde falta. Pero que nadie se llame a engaño. El dilema en el que se encuentra en estos momentos el PP y España no es, lamentablemente, la elección entre el trasvase del Ebro o el trasvase del Tajo. El dilema presente y real es si a la antieconómica y desvertebradora derogación del trasvase del Ebro se suma ahora también la no menos criticable derogación de los trasvases del Tajo. La cuestión es, en definitiva, si España va a seguir o no dirigiéndose hacia los reinos de Taifas, también en el terreno hídrico, y si lo va a hacer con la condescendencia del principal partido de la oposición.