El referéndum ilegal convocado en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt, con el apoyo explícito del pleno municipal y su alcalde a la cabeza, no es una simple anécdota de las muchas que las organizaciones separatistas nos proporcionan periódicamente en clave de consumo interno. Al igual que ocurrió con la consulta soberanista a la que aspiraba Ibarretxe, lo grave es que son los propios titulares de las instituciones oficiales quienes desafían abiertamente el orden constitucional.
A estas alturas no debería ser necesario recordar que el único sujeto de soberanía es la nación española en su conjunto y no una comunidad autónoma aislada ni, mucho menos, un municipio, por más que esté gobernado por formaciones políticas que blasonan abiertamente de sus aspiraciones separatistas.
Lo que cabe preguntarse, no obstante, es por qué lo que hasta épocas bien cercanas no pasaba de un sentimiento soterrado alimentado por grupúsculos antisistema, actualmente se exacerba desde algunas instituciones oficiales sin el menor recato. La respuesta la tenemos en el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no ha dudado en poner en tela de juicio principios tan básicos como la unidad de la nación española, con tal de no perder los apoyos necesarios para mantenerse en el poder.
En efecto, conforme se aproxima el momento en que el Tribunal Constitucional habrá de pronunciarse necesariamente sobre el nuevo estatuto de Cataluña, abiertamente inconstitucional para cualquiera que no sea nacionalista catalán, el Gobierno de España insiste, a modo de globos sonda, en la tesis asombrosa de que el garante de la constitucionalidad de las normas jurídicas emanadas del estado no puede oponerse a los designios de una cámara política, por más que vulneren éstas las reglas del juego aprobadas en su día y de forma mayoritaria por el pueblo español, incluyendo, naturalmente, a los catalanes. Las últimas declaraciones en este sentido provienen precisamente del ministro de Justicia, que debiera ser el principal bastión político en la preservación del orden jurídico en lugar de manifestarse como un agitador, más preocupado de que a su jefe no le falten apoyos políticos en las Cortes que de ejercer las responsabilidades para las que fue nombrado.
Ninguna nación permite la rebelión institucional en uno de sus territorios, pero lo que resulta impensable en cualquier país serio adquiere visos de cotidianeidad en la España de Zapatero. Si nuestro presidente del Gobierno considera a la nación española “un concepto discutido y discutible”, no puede extrañar el que en un municipio gobernado por la izquierda separatista se lleve esta “discusión” a su máxima expresión a través de una consulta popular, a pesar de que ésta haya sido anulada por la justicia ordinaria.
Zapatero viene alimentando desde su primera victoria electoral la sensación de impunidad de quienes no aceptan las reglas del juego vigentes desde la Constitución del 78. El presidente lo permite porque su estancia en el poder depende en gran medida de los apoyos políticos de quienes pretenden vulnerar el orden constitucional. Lo peor, con todo, es que esta deriva disgregadora puede tener consecuencias irreversibles, algo que, por cierto, no parece preocupar en demasía al principal partido de la oposición, cuyo objetivo parece consistir únicamente en heredar lo que quede de salvable cuando Zapatero pierda unas elecciones. La astracanada del alcalde de Arenys de Munt no es, por tanto, más que la consecuencia natural dde una situación inaudita en cualquier país civilizado: un gobierno con pocos escrúpulos y una oposición con aún menos principios.