Alberto Ruiz-Gallardón respondió ayer a los periodistas que le preguntaban sobre el incidente de tráfico en el que se vio envuelto uno de sus hijos que "los asuntos de familia se tratan en familia". Podríamos aceptar la frase si se tratara de un asunto privado sin trascendencia en la esfera pública, pero en el suceso se dan dos circunstancias que impiden que pueda tratarse como una cuestión familiar más: es probable que se haya cometido un delito con daños a terceros y la familia del presunto delincuente la encabeza el ministro de Justicia del Reino de España.
En realidad, el incidente protagonizado por Ruiz-Gallardón hijo tiene una repercusión todavía mayor en lo que afecta a su padre, puesto que, tras colisionar con otro vehículo y darse a la fuga, el hijo del ministro se refugió en el inmueble familiar, sin que nadie en la casa facilitara al denunciante ni a la Policía la identidad del conductor del coche que acababa de entrar en el garaje del edificio. El evidente estado de embriaguez en el que al parecer se encontraba el hijo del ministro y la falta de cooperación con las autoridades de su padre agravan las consecuencias de un suceso que la investigación de la Policía y la acción de la Justicia tendrán ahora que determinar. Pero sea cual sea la resolución final de este caso y el ámbito en el que se sustancie, administrativo o judicial, si algo hay meridianamente claro es que el suceso puede calificarse de muchas maneras, excepto de "un asunto familiar", como hizo ayer con desparpajo el ministro de Justicia.
Esta propensión a reducir a la esfera privada los escándalos en los que se ven involucrados los parientes de los poderosos no es, por desgracia, una novedad. El caso más señalado es, sin duda, el que afecta a la hija menor del rey Juan Carlos y su esposo, acusados de apropiarse indebidamente de grandes cantidades de dinero público a través de contratos ficticios y sociedades interpuestas, que esta semana podría acabar con el matrimonio sentado en el banquillo de los acusados. Las presiones de todo tipo ejercidas sobre los órganos judiciales durante la instrucción llegaron a ser sonrojantes, con los supuestos defensores del interés público apoyando las tesis más delirantes de la defensa al objeto de dar al caso un rápido carpetazo. Esta resistencia a que el asunto discurriera por los cauces normales ha tenido como consecuencia una mayor repercusión del escándalo y un gran descrédito de la Corona, algo que debería servir de enseñanza a los que pretenden eludir sus responsabilidades apelando a una privacidad que no pueden reclamar cuando se dirimen asuntos que afectan a la esfera pública.
El rey Felipe ya dejó clara cuando era príncipe cuál era su opinión sobre el escándalo que afecta a su hermana y al esposo de ésta. Lo que hizo en su primera intervención como monarca fue subrayar precisamente la exigencia de ejemplaridad de la Corona y la necesidad de que la Justicia actúe con imparcialidad en todos los asuntos. Gallardón debería tomar ejemplo de Don Felipe y colaborar con la resolución del incidente en que se ha visto involucrado su hijo, en lugar de volver a caer en el vicio que tan flaco favor ha hecho a la imagen de las instituciones españolas en este último periodo.